Es decir, por lo transmitido ayer, no son ni siquiera los partidos, sino los diputados forales de Hacienda de Araba y Bizkaia quienes fijan la letra pequeña (ya se sabe que el diablo está en los detalles) de lo que van a aprobar ellas mismas y, por extensión, lo que se va a imponer también a la Diputación Foral de Gipuzkoa. Esto sí que renueva el modelo de arquitectura institucional conocido hasta la fecha.

También es revelador del poder que han tomado las instituciones forales por encima de las autonómicas, el hecho de que el PP haya dejado la negociación y consecución del acuerdo en manos de su dirección alavesa, representada públicamente por el diputado general de la provincia.

Claro que en esta decisión puede haber también un ápice de maldad, puesto que cabe recordar que hace unas semanas, la víspera de que Arantza Quiroga se reuniera con el PNV para insistir en su vocación de alcanzar un acuerdo fiscal, Javier de Andrés se despachó a gusto criticando el acuerdo alcanzado por PNV y PSE.

«No creemos en esa reforma. Tenemos otro planteamiento y no nos vamos a sumar», dijo el diputado general, que tachó la reforma fiscal de «contraria a los intereses del País Vasco y de la generación de empleo». A la vista de que los cambios introducidos por el PP no son suficientes para alterar tan nefastas previsiones, es posible que alguien en el partido haya decidido que sea Javier de Andrés quien tenga que exponerse públicamente por semejante cambio de criterio. A fin de cuentas, será su Hacienda Foral la que vea incrementados sus ingresos gracias al cambio.

Las necesidades de pactar provocan todo tipo de contorsionismos políticos. Y lo que está claro es que si la Hacienda vizcaina ha acabado llevando la voz cantante en esta negociación, el resultado se alejará mucho de lo modelado en el «territorio rojo del este».