Precedido por el rechazo del sector educativo, el ministro español de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, presentó el pasado 17 de mayo la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, más conocida como Lomce o Ley Wert. Las manifestaciones, protestas, huelgas y todo tipo de reivindicaciones que desde entonces se han convocado en el Estado español no han servido, ni siquiera, para abrir el debate sobre la conveniencia de reformar el sistema educativo o determinar cuáles son los aspectos a mejorar, porque la reforma llega sin conversaciones ni consensos previos. Ayer, la mayoría absoluta del PP fue suficiente para aprobarla. Por lo tanto, cuando arranque el curso escolar 2014/15, la Lomce entrará en vigor.

Los agentes de la comunidad educativa, entre ellos el profesorado, se verán directamente afectados por los importantes cambios que trae consigo la nueva norma. Junto con el alumnado, están en primera línea, porque a partir del próximo setiembre lidiarán día a día con la reforma y con las consecuencias que se deriven de su aplicación.

GARA ha hablado al respecto con tres maestros; dos de primaria y uno de Bachillerato. El enfado -sobre todo por la ausencia de debate- y la preocupación -por no conocer a ciencia cierta los efectos de su aplicación- podrían resumir sus sentimientos pero, antes de entrar en detalle y describir los motivos de su postura, conviene destacar las claves de la Lomce.

Los puntos más conflictivos

Uno de los puntos más conflictivos es la pérdida de estatus que el euskara tenía como asignatura troncal, ya que pasa a ser «asignatura de especialización opcional». Se elimina así la inmersión lingüística, porque el PP ha establecido un mínimo de materias a impartir en castellano y en euskara.

Las asignaturas troncales, que las fijará el departamento que dirige Wert, serán Matemáticas, Ciencias, Castellano, Historia e Idioma Extranjero. El resto de materias las elegirá cada comunidad autónoma, si bien los objetivos y los criterios de evaluación los fijará el ministerio.

El número de exámenes a los que serán sometidos los alumnos también variará. Por un lado, al finalizar cada etapa educativa los estudiantes tendrán que superar una prueba externa si quieren pasar de curso -la prueba final de primaria tendrá solo carácter orientativo, dada la corta edad del alumnado-. Esto implica, por ejemplo, que un estudiante con una nota media de un 8 en secundaria no podrá cursar Bachiller en caso de no superar este examen o reválida, como la llaman los profesores consultados.

A las dos pruebas de primaria y a las dos de secundaria se le suma otra al acabar el Bachillerato. A la persona que no la apruebe se le dará la opción de acceder a la Formación Profesional (FP) de grado superior. Los alumnos que sí lo consigan tendrán por delante una prueba más, porque cada universidad o facultad tendrá el derecho de someter a los estudiantes a un examen propio. Es decir, cumplir o superar la nota media exigida para cursar la carrera deseada no será suficiente para garantizarse un pupitre en las aulas universitarias.

Otro de los cambios importantes que supone la Ley Wert es el adelanto a 3º de la ESO de la elección entre la FP y el Bachillerato -en la actualidad esa decisión se debe tomar un año más tarde, con 16-. Este punto es duramente criticado por el profesorado, porque los alumnos cuyos resultados académicos les impidan avanzar de manera fluida en la Educación Secundaria serán aconsejados para entrar en una FP básica. Este primer ciclo no dará acceso directo a una Formación Profesional Secundaria, por lo que deberán pasar su correspondiente examen.

Los docentes consideran que de esta manera se segrega a los alumnos entre «buenos y malos» estudiantes, pero el Ministerio de Educación ha defendido que trata de acabar con el fracaso escolar en el Estado español que, con un índice del 24,9% de jóvenes que en 2012 no cursaron ningún tipo de ciclo educativo ni de formación, supera en un 13% la media europea, según el Eurostat.

La inclusión de la asignatura de Religión también ha creado controversia, porque el PP, obedeciendo la petición de la Iglesia católica, le otorga el mismo rango que a la de Euskara o a la Educación Física, por ejemplo, y se tendrá en cuenta para la media del expediente académico. Por lo tanto, también sumará para pedir una beca de estudio.

La OCDE y las empresas privadas

Junto con agentes del sistema educativo, los docentes han liderado protestas y sostenido muchas pancartas en contra de los recortes en Educación y de la Ley Wert. No la quieren porque aseguran que no supone avance alguno. Hablan con conocimiento de causa: invierten muchas horas al día en el aula, donde tratan con alumnos de todas las edades. Son quienes mejor los conocen, al menos académicamente.

Mikel Elizondo, profesor de secundaria, señala que es difícil determinar con exactitud cómo afectará la reforma. Ha leído el borrador varias veces; tras la primera lectura se asustó; las siguientes trató de abstraerse de su papel como profesor, pero asegura que no ha logrado sacar nada en positivo. «Y mira que lo he intentado», comenta.

En primer lugar, destaca que «hay una serie de protagonistas»: «La OCDE con su informe PISA se convierte en legislador y es el Gobierno quien le permite que sea éste quien marque los objetivos, porque PISA da unos estándares y hay que llegar a ellos».

Es más, agrega que se da luz verde a establecer un ranking de centros educativos, algo prohibido hasta ahora para evitar que los centros compitan entre sí. «Este sistema no tiene precedentes en cuanto al control, llega hasta el fondo», opina. De hecho, la Lomce suprime al Consejo Escolar -conformado por profesorado, alumnado, padres y madres, y sindicatos- su potestad ejecutiva y organizativa, pasando a ser un mero agente consultivo. «Es donde se toman las decisiones importantes. Las personas que conocen el centro de primera mano están ahí».

Sobre la pérdida de autonomía del profesorado, Ángela García, maestra de secundaria, también se muestra muy crítica. Incide en que se le otorgará «mucho poder al director», figura que será nombrada por el Gobierno de Madrid y no por el Consejo Escolar, como hasta ahora.

Ambos coinciden en que «todo vendrá dado» y que «el claustro pierde la oportunidad de crear un proyecto educativo».

Para Koldo Arriola, profesor de Filosofía en Bachiller, la Lomce supone un cambio de modelo. «Nosotros intentamos educar y formar a personas, y ello no casa con lo que consta en el borrador, donde se cita que `la Educación es el motor que promueve la competitividad económica'». Al igual que Elizondo, alude a la intromisión de la OCDE.

Las constantes pruebas a las que serán sometidos los estudiantes, especialmente en Educación Secundaria y Bachillerato lo ven una «barbaridad». «Es muy paradójico que, a pesar de aprobar la ESO, no puedas obtener el título si no superas esa prueba específica. ¿Qué ocurrirá con los alumnos que se encuentren en esa situación? ¿Qué hace una familia con una chavala de 16 años, que no puede acceder a ninguna otra modalidad de estudio, ni a Bachillerato, ni tampoco a la FP de grado medio?». Le preocupa la igualdad de oportunidades, un derecho que advierte «se va a ir al carajo».

En cuanto al examen que sustituirá a la actual Selectividad, el hecho de que sea externo siembra dudas entre los entrevistados. «No consta ni quién los evaluará. Esto me recuerda al caso de Inglaterra, donde empresas privadas están gestionando esto mismo», informa Elizondo.

Ellos, al igual que otros muchos, seguirán luchando en la calle, pero también piden pasos reales a Lakua. A través de estas líneas le piden que actúe con hechos, porque «oponerse con palabras no es suficiente. Nosotros hemos mostrado nuestro compromiso; queremos el suyo», reclama Arriola.

Están «hartos» de las reformas, que siempre llegan de la mano del gobierno que en ese momento esté en el poder. Piden que se les consulte, que se les tenga en cuenta. «Sobrevivimos a los cambios e intentamos hacerlo lo mejor que sabemos -defienden-, pero de lo que está escrito en papel a lo que vemos en los centros... hay un mundo».