Los abogados que componían el equipo jurídico de Inés del Río, con Mark Muller a la cabeza, han comparecido en Donostia evidentemente satisfechos con la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de hace una semana. Muller ha protagonizado la comparecencia, destacando la «claridad» y «énfasis» de la sentencia, multiplicado por la cualificación de la Gran Sala, que ha recordado que se sitúa en la cúspide judicial europea y ejerce de «intérprete constitucional» para los estados firmantes de la Convención Europea de Derechos Humanos.

En su intervención, este letrado radicado en Londres y con gran fama internacional, ha dejado claro que la sentencia es aplicable en los mismos términos para todos los presos sometidos a la doctrina 197/2006. Considera que queda claro en la sentencia y añade como elemento revelador que esta vez, «de modo excepcional, el Tribunal ha explicitado cuál era el remedio: liberar ‘tan pronto como fuera posible’ a Inés del Río». El equipo jurídico considera que, en consecuencia, lo mismo debe hacerse con el resto de presos afectados por una misma situación. Al hilo de ello, Amaia Izko ha confirmado que se trata de 56 casos, aunque tres de ellos ya están resueltos o en vías de resolverse (Del Río, Juan Manuel Piriz y Antton Troitiño).

«Dado el énfasis de la sentencia, todas las partes deberían dar un paso atrás y reflexionar sobre sus términos. Si esto se hace así, se verá que el principio de legalidad ha sido reforzado en el Estado español», ha expuesto Muller. No ha querido entrar en cuestiones políticas ni internas del Estado español, pero sí ha dejado caer, desde su experiencia, que Estrasburgo dictamina a menudo sobre casos de gran impacto en los estados afectados y que en muchas ocasiones sus sentencias «suponen un momento que propicia que estos gobiernos piensen sobre sus propias situaciones jurídicas y políticas».

Mark Muller considera adecuada la primera reacción de las autoridades españolas al liberar con celeridad a Inés del Río, y añade que «creo que han entendido que esta sentencia es de aplicación universal». Pero por si acaso ha añadido el matiz de que en caso contrario continuarán los recursos ante Estrasburgo, «en los que el Gobierno español tendrá que volver a argumentar su posición». Izko ha precisado que ya hay 30 demandas de presos vascos en la instancia europea, tras haber agotado el recorrido jurídico en el Estado español.