Poco después de conocer que CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP han acordado convocar la consulta el 9 de noviembre de 2014 con una pregunta doble, Gallardón ha insistido en que el Ejecutivo español no autorizará el referéndum.

Según ha explicado, la Constitución española «no autoriza» a ninguna comunidad autónoma a someter a referéndum cuestiones que afectan «a la soberanía nacional» y sobre las que se deben pronunciar «todos los españoles».

Fuentes del Palacio de la Moncloa han insistido a Europa Press en el mismo mensaje del ministro, repetido también por el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, al afirmar «tajantemente» que el Gobierno «no va a autorizar ni negociar una consulta que atente contra la Constitución y contra los derechos de todos los españoles».

«Hurtar» capacidad de decisión

Gallardón ha recalcado que pretender que Catalunya adopte una decisión sobre un asunto que corresponde a «todos» los españoles, «como es la soberanía nacional y la integridad territorial», es «intentar hurtar a los españoles» su capacidad de decisión.

«Es intentar que una parte de los ciudadanos no se puedan pronunciar sobre algo a lo que constitucionalmente tienen derecho. Por lo tanto, es un intento de violentar la Constitución en contra de los derechos fundamentales de los españoles, el primero de los cuáles es decidir sobre su propia integridad», ha enfatizado.

Además, el titular de Justicia ha recordado que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, es el «representante ordinario del Estado» en Catalunya y está «obligado al cumplimiento de la ley». Según ha añadido, no se realizará una consulta que pretende que una parte de los españoles no sean «capaces de decidir» sobre su «propia integridad».

«El Gobierno garantiza que no se va a producir ninguna acción ilegal en España. La realización de una consulta de esa naturaleza sería contraria a la Constitución y al Estatuto de Autonomía», ha resaltado el ministro, que no ha precisado qué medidas puede tomar el Gobierno para impedirla.