Desde la campaña ‘Tanquem els CIEs’ hasta el Síndic de Greuges –Defensor del Pueblo en Catalunya–, pasando por SOS Racismo o Migra Studium, son muchos los organismos que han denunciado las grandes dificultades que existen para poner luz y taquígrafos a la situación que se vive dentro de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). El caso de Aramis Manukyan, el ciudadano armenio muerto en diciembre en el CIE de Barcelona resulta ejemplificador a este respecto.

La versión oficial sobre su muerte se ciñe a un suicidio sin motivo aparente. Sin embargo, los testimonios recogidos por ‘Tanquem els CIEs’ –personada como acusación particular junto a la familia– explican que, antes de morir, Manukyan «recibió golpes por parte de los agentes de policía y a continuación fue internado en una celda de aislamiento, desde la que habría estado gritando durante horas, antes de que sucediese el trágico desenlace».

A partir de aquí comienza la odisea para intentar esclarecer los hechos. La acusación particular aportó los testimonios inmediatamente, con el objeto de facilitar una investigación judicial rápida, pero todavía están a la espera de que se practiquen las principales pruebas solicitadas para depurar responsabilidades. A la lentitud de la Justicia cabe añadir, además, otros factores que acostumbran a imposibilitar el esclarecimiento de casos como este. Por ejemplo, resulta que las cámaras instaladas dentro del CIE son estáticas y dejan varios puntos negros, donde suelen producirse, según los internos, las agresiones. Es precisamente el caso de la celda de aislamiento, la biblioteca o las duchas, lugar donde varios internos aseguran haber recibido palizas en el episodio iniciado el 31 de diciembre.

No es el único elemento que dificulta la investigación. Pese a que la entrada de abogados, gracias al trabajo de campañas como la de ‘Tanquem els CIEs’, no es tan limitada como hace unos años, la entrada de personal médico y de organizaciones en defensa de los Derechos Humanos sigue siendo tremendamente restrictiva. El último episodio se vivió el pasado 3 de enero, cuando el mando de la Policía española a cargo de la custodia del centro denegó la entrada a dos médicos que intentaban atender a los internos heridos por las agresiones y malos tratos denunciados en los días previos.

Pero en las contadas ocasiones en que las denuncias y las investigaciones avanzan, el sistema de opacidad tiene un último recurso para frenar cualquier intento por esclarecer los hechos: la deportación. También ha sucedido en el caso de Manukyan, en el que la mayoría de internos testigos de los hechos previos al desenlace final fueron deportados de urgencia en los siguientes días.

Pequeñas victorias en el frente judicial

Las denuncias de los movimientos sociales y la movilización popular, sin embargo, no siempre caen en saco roto. El pasado 14 de enero, los juzgados de control 1 y 17 emitieron una resolución judicial con mejoras sustanciales en el funcionamiento de los CIEs: a partir de ahora la dirección del centro tendrá que remitir a los juzgados cualquier parte médico, así como cualquier intervención de unidades antidisturbios, las visitas de familiares, abogados y amigos deberán realizarse sin mamparas entre unos y otros, se amplia el horario de visitas a los internos, se impide a la dirección del CIE limitar arbitrariamente la entrada de las ONGs y obliga a instalar retretes en las celdas.

Además, el juzgado que investiga las agresiones y malos tratos denunciados a partir del 31 de diciembre ordenó el mismo día que no se expulse a ninguna de las personas agredidas ni de los testimonios. Todo un paso para acabar con el marco de impunidad en el que acostumbran a perderse la mayoría de denuncias.