La exdirectora gerente de la Hacienda de Nafarroa Idoia Nieves ha comparecido ante la comisión de Economía, Hacienda, Industria y Empleo para explicar las causas de su dimisión, a la que siguió la de su numero dos, Manuel Arana, a petición del PSN, Bildu, Aralar-NaBai, PPN, I-E y el parlamentario no adscrito Manu Ayerdi.

En su intervención, Idoia Nieves ha criticado las «intromisiones de la consejera» Lourdes Goicoechea en el trabajo de la Hacienda foral y ha asegurado que «las injerencias» de la misma han sido «persistentes», si bien «todas ellas en grado de tentativa porque Hacienda ha sabido mantener su independencia».

El 27 de setiembre de 2011, al poco de asumir la gerencia de la Hacienda Navarra, Idoia Nieves acudió a una cita en el restaurante El Merca'o convocada por Lourdes Goicoechea, entonces consejera de Desarrollo Rural y hoy vicepresidenta del Gobierno y consejera de Economía y Hacienda. Y, según ha denunciado Nieves, «en la sobremesa», Goicoechea le solicitó algo ilegal. «Me pidió que le diera una copia del Plan de Inspección con el fin de saber de antemano si entre los contribuyentes seleccionados para ser objeto de inspección se encontraban los clientes de su asesoría fiscal». La gerente no cedió, pero esa solo fue la primera vez que Goicoechea acudió a ella con tentativas de prevaricación. Y, en alguna de las ocasiones, la presidenta Yolanda Barcina estaba en medio. Hay documentos.

Nieves ha revelado este caso de corrupción reiterada cuando ha sido requerida por el Parlamento para explicar los motivos de la «dimisión irrevocable» que presentó el 20 de enero. Nieves ocupaba uno de los puestos más importantes de la Administración (de hecho, cobraba 97.000 euros anuales, más que Goicoechea y Barcina), pero prefirió volver a su puesto de inspectora apelando a «motivos profesionales». Y ayer, por fin, se comprende el por qué de su decisión, pese a que la exgerente no pudo dar detalles de contribuyentes concretos (cosa que sí podría hacer en una comisión de investigación, que la oposición ya ha registrado).

La segunda ocasión en que la vicepresidenta acudió a ella con peticiones ilegales fue en julio de 2012, cuando «trató de impedir una actuación prevista». Nieves no consistió. Del resultado de la inspección a ese contribuyente hablaron en junio de 2013. Goicoechea le escribió un email en el que decía «me parece una faena para (...) y desde luego viendo (...), me parece tremendo, yo creo que no es una buena política, lo voy a comentar con la presidenta, ya que se trata de un contribuyente muy importante para nuestra comunidad». Nieves relata que Goicoechea presionó telefónicamente «al superior jerárquico del inspector que había realizado la actuación». Y el 11 de setiembre de 2013 realizó «un último intento de que se cambiara el contenido de la actuación». Nieves ha dicho que estaba «encolerizada». Las fechas hacen presumir que este «contribuyente» sea la Universidad del Opus Dei, inspeccionada en julio de 2012 y sancionada por no declarar salarios en especie (pago de matrículas a familiares) a sus trabajadores. Esta Universidad, al parecer, jamás ha pagado por este concepto, como ya se publicó en este periódico el pasado 25 de enero.

Clientes propios y «caso CAN»

En marzo de 2013, Goicoechea se interesó por otro «contribuyente» sancionado. La vicepresidenta del Gobierno intentó que la sanción se modificara afirmando que «el incumplimiento de la empresa se debía solo a requisitos formales». Y, en abril, volvió a intentar que «tratasen bien» a una empresa del sector agroalimentario (de nuevo cliente de su asesoría fiscal). «Me negué a hacer lo que pedía. También me preocupó constatar que recibía clientes como si siguiera siendo su su asesora fiscal», ha añadido Nieves.

Además de su mención en el email sobre el «contribuyente muy importante», Barcina estaría implicada además en otra irregularidad, según el relato que hizo Nieves.

Solicitud ilegal vinculada a CAN

El 15 de abril de 2013 (doce días después de que todos los miembros de la Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras salvo Barcina fueran imputados) la consejera le pide una copia «de las declaraciones de los modelos 190 (Declaración anual de las retenciones de trabajo) y F50/347 (Declaración anual de operaciones con terceros) de la Caja de Ahorros de Navarra desde la fecha más antigua que podamos remontarnos». Según el testimonio de la exgerente, en esos documentos se puede ver la retribución de todos los empleados y consejeros de la entidad. «Me explica cuál es el destino de esta información: el interés de la presidenta del Gobierno en conocer las retribuciones de otros consejeros, así como datos sobre pagos a determinadas consultoras», ha relatado Nieves refiriéndose a Goicoechea.

La exjefa de Hacienda replicó a la consejera que «los datos de la Hacienda no estaban para uso personal y que, si fueran necesarios en un pleito, es el juez quien ha de solicitarlos». Las presiones fueron tales que Nieves llegó a solicitar un estudio jurídico para corroborar que esos datos no podrían facilitarse a nadie. Evidentemente, salió que solo puede solicitarlos un juez. De esto también hay documentos, porque «el 22 de abril de 2013 la consejera recibió por correo electrónico una copia del informe».

Nieves, además, ha lanzado una acusación muy seria contra Barcina, que si bien no entraría en una descripción de lo que es la prevaricación de modo tan nítido, es -sin duda- mucho más grave. Ocurrió en una reunión el 10 de octubre de 2012. Nafarrroa se había pasado un 0,8% de las previsiones de déficit. Barcina le preguntó a ver qué podían hacer para subir los ingresos. Nieves le replicó que solo podían subir impuestos no periódicos, que son de poco peso en la recaudación, o retrasar las devoluciones de IVA. Ahora bien, advirtió a Barcina de que, de retrasarse más la devolución, «incumpliríamos los plazos legales de devolución, porque ya estábamos devolviendo en seis meses, que se perjudicaría gravemente a los contribuyentes en un momento especialmente difícil para ellos, que afectaría a la actividad económica sobre todo a las empresas exportadoras que estaban siendo en ese momento la cabeza tractora en el mantenimiento del empleo y que, en todo caso, no se podía tomar la decisión sin conocer el efecto que se iba a producir en los ajustes de 2013, especialmente en la regularización de los de 2012».

Pero nada. Barcina no escuchó y retrasó las devoluciones. Así, Hacienda incumplió los plazos legales y «tuvo que satisfacer los intereses de demora». Sirvió para arreglar el déficit de 2012, pero afectó al acuerdo recientemente suscrito sobre el cobro el IVA de VW, reduciendo la compensación estatal para 2012. Es decir, si no se hubiera decidido no devolver 67 millones hasta el año siguiente, sumando todos los conceptos en 2013 se habría contado con 251 millones de euros más. Encima, la jugada sirvió de poco porque al Eurostat no se la colaron. Y UPN acabó yendo a Madrid a suplicar nuevos adelantos.