El nacionalismo no nos interesa, queremos pasar página. Ahora no se trata de eso, sino de que no tenemos trabajo ni esperanza, no tenemos nada que perder. Por quitarnos, nos han quitado hasta el miedo». Así de tajante se mostraba Admir Dzombic, un joven economista de 25 años en paro que, al igual que miles de personas en las principales ciudades de Bosnia y Herzegovina (BIH), se echó a la calle hace un par de semanas para expresar el descontento social existente ante la situación económica y los continuos casos de corrupción en el país balcánico.

Esta ola de protestas, las mayores que ha vivido el país desde el comienzo de la guerra en 1992, tuvo su epicentro el 4 de febrero en la norteña ciudad de Tuzla, la cuarta ciudad más poblada y predominantemente musulmana. Miles de trabajadores desempleados se reunieron para exigir al gobierno local la investigación de dudosas privatizaciones de varias empresas que dieron lugar a la desaparición de miles de puestos de trabajo, la destrucción de sus medios de vida y la devastación del medio ambiente.

Rápidamente las reivindicaciones se extendieron por las principales ciudades de la Federación de Bosnia y Herzegovina, una de las dos entidades totalmente autónomas resultante tras el Acuerdo de Paz de Dayton de 1995, integrada por zonas de población bosniaca-musulmana y croatas y que ocupa un 51% del territorio total del país.

Tres días después el descontento alcanzó su punto culmen con el destrozo de numeroso mobiliario público y el ataque y posterior incendio de la sede de la Presidencia bosnia y otras oficinas administrativas de la capital, Sarajevo. El resultado fueron graves enfrentamientos entre la policía y los manifestantes que se saldaron con más de 100 heridos y varias escenas dramáticas sin precedentes en los últimos veinticinco años en el país balcánico.

Por su parte, en Banya Luka, la capital de la República Sprska, la otra entidad bosnia, de población mayoritariamente serbia, apenas 300 personas se solidarizaron el primer día y no se han vuelto a tener noticias de más concentraciones. Parece ser que la coacción y el discurso «etnonacionalista» de las autoridades serbias y los medios de comunicación locales calaron hondo en la población. Este hecho, unido a los incidentes violentos, han desatado dispares teorías conspirativas y provocado que muchas personas, incluso estando a favor de las reclamas populares, se hayan negado a asistir a las manifestaciones por miedo a que degeneren en un conflicto interno mayor.

A día de hoy los ánimos parecen haberse apaciguado y dado paso al juego político aunque en el aire todavía flotan tensiones peligrosas que dejan entrever que la guerra está demasiado reciente y que aún persisten heridas que no terminan de cicatrizarse. Además, y a pesar de las consignas antinacionalistas de las protestas, una pregunta aún ronda la mente de mucha gente: Si el país lleva casi dos décadas sumergido en una galopante crisis económica e institucional y las condiciones de vida parecen ir cada vez a peor, ¿por qué ahora? ¿Por qué ha tardado tanto en condensarse el malestar ciudadano?

En Tuzla -una ciudad post-industrial que durante muchos años fue gobernada por un partido no étnico- las protestas, huelgas de hambre y sentadas se han ido sucediendo durante años. Sin embargo, al igual que denuncian en otras ciudades, han sido constantemente ignorados por las autoridades. «Llevamos siete años manifestándonos para mejorar nuestra situación y que nos paguen lo que nos deben. Hemos decidido apoyar este movimiento porque estamos hartos de promesas y queremos que la gente sepa qué pasa con nosotros y se resuelva nuestra situación», comentaba airado Mohammed Salamovich, uno de los muchos trabajadores de la empresa pública de tranvía GRAS que el pasado 11 de febrero se unieron a las protestas en Sarajevo.

De hecho, a raíz de las elecciones del año 2006 y el consecuente fracaso de la reforma constitucional, la retórica nacionalista ha ido en aumento y las instituciones estatales se han ido debilitando aún más si cabe, acentuando así los desacuerdos internos acerca de la forma que ha de adoptar el Estado bosnio y complicando su funcionamiento. Desde entonces la exportación de manufacturas metalúrgicas, sector del que dependía en gran medida la economía, se ha ido desmantelando, el PIB se ha estancado y las distintas administraciones no se ponen de acuerdo en qué gastar el dinero que reciben del exterior dejando en evidencia la parálisis instalada en el poder.

Además, con la vista puesta en la elecciones generales de este año, el pasado mes de octubre se llevó a cabo un censo de población en Bosnia-Herzegovina basado en criterios étnicos, religiosos y lingüísticos que amenazaba con provocar grandes tensiones entre su gente. Esos miedos se basaban en tres controvertidas preguntas del estudio: «¿De qué nacionalidad es usted? ¿Qué lengua habla? ¿Cuál es su religión?».

Los resultados, conocidos el mes de enero pasado, dibujarán un mapa político diferente al heredado del censo de 1991, el último realizado hasta la fecha. Este hecho se ha visto reflejado sobre todo en el área de Srebreniça donde, tras la limpieza étnica llevada a cabo por las tropas serbo-bosnias de Ratko Mladic en julio de 1995 y su posterior adhesión a la República Srpska, los serbios han pasado a ser mayoría.

La guerra terminó hace más de 18 años pero en cierta manera las causas que llevaron a ella aún están vigentes. Quizá la más clara sea la fuerza de los partidos étnicos y la gente que pulula alrededor de ellos. El Acuerdo de Paz de Dayton, firmado en Ohio en 1995, dio lugar a un engendro político, totalmente disfuncional, de 50 distritos, 150 ministros y 14 jefes de Gobierno que conforman el panorama administrativo de un país que no llega a cuatro millones de habitantes.

Mientras tanto, un movimiento ciudadano que se siente al margen de las diferencias étnicas y religiosas, por pequeño que sea, ha emergido en Bosnia-Herzegovina. Protestan contra la irresponsabilidad de sus políticos y exigen mejoras en la calidad de vida de un país cuya tasa real de paro es del 40% y el sueldo medio apenas llega a los 400 euros. Su consigna, como aparecía escrito en un edificio del gobierno en Tuzla: «Muerte al nacionalismo».