El Gobierno del PP busca hoy una nueva trinchera tras las que parapetarse, ante la constancia de que cada paso unilateral deja más absurdo su inmovilismo. Hoy exige disolución o nada, pero hubo un tiempo en que sí ponía en valor el inicio de un desarme, allá por los inicios de 2012, tres meses después de Aiete y el cese definitivo de la lucha armada. Lo hacía, eso sí, con su inagualable incompetencia. En febrero el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, afirmaba que no bastaba con que ETA dejara de atentar, sino que sería conveniente «ver depositadas unas cuantas armas en una campa del País Vasco».

Seguro que con mejor voluntad que Fernández Díaz pero con similar ligereza se expresaba en otoño pasado Andoni Ortuzar, presidente del EBB. Molesto al parecer por que nadie hubiera considerado adecuada la posibilidad de que ETA entregara las armas al Gobierno de Lakua, propuesta que él mismo había lanzado, Ortuzar se descolgaba con un despectivo «nos da igual a qué institución. Que se las entregue a la Diputación de Gipuzkoa, que seguramente les caerá más simpática».

Afortunadamente los tiempos van haciendo madurar las posiciones, y ayer la impresión generalizada, por encima de ideologías concretas, era que el inicio de este proceso de inutilización de arsenales se ha gestionado correctamente, quizás hasta muy bien dado el boicot del Gobierno español, por pasiva y por activa. Frente a ocurrencias que solo crearían dudas, la certidumbre llega de luz (vídeo) y taquígrafos (verificadores).