El Tribunal Constitucional (TC) ha tumbado la Declaración de Soberanía aprobada por el Parlament el 23 de enero, lo cual implica que, por primera vez desde el año 1978, el Constitucional suspende un acuerdo alcanzado en un parlamento autonómico.

El pleno del TC ha declarado «inconstitucional y nula» la declaración del Parlament y, aunque no tumba las referencias al derecho a decidir, sí que las acota en los límites que establece la Carta Magna española. De este modo, el pleno del Alto Tribunal admite parcialmente el recurso del Gobierno español contra la declaración soberanista.

Los magistrados consideran «inconstitucional y nulo» el principio primero del documento aprobado por la mayoría de los representantes políticos catalanes, que recoge que «Catalunya tiene por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano». En opinión del TC, se vulnerarían los artículos 1 y 2.4 de la Costitución española, así como los artículos 1 y 2.4 del Estatut de Catalunya.

Sobre la consulta, los magistrados han eludido declararla inconstitucional, aunque vaciándola de contenido. En su opinión, las referencias al «derecho a decidir de los ciudadanos de Catalunya» podrían ser interpretados de acuerdo al texto de 1978, que no incluye el derecho a la autodeterminación, siempre que se realizase mediante procedimientos ajustados a la legalidad y el respeto a los principios de «legitimidad democrática», «pluralismo» y «legalidad».

La ponente ha sido la vicepresidenta del TC, Adela Asua y la resolución ha sido aprobada por unanimidad.