El juicio contra veinte personas acusadas de participar en el intento de bloqueo del Parlament de Catalunya el 15 de junio de 2011 ha retomado hoy sus sesiones en la Audiencia Nacional. Pese a que estaba previsto que declarase la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, la política de Unió sigue de baja, por lo que la fiscal ha renunciado a su testimonio, dando paso a la intervención de tres peritos de la policía catalana y a la presentación de las conclusiones de cada una de las partes.

La primera en intervenir ha sido la fiscal, que ha mantenido sus tesis iniciales, ha defendido que los hechos sobrepasan el derecho de reunión y manifestación y ha mantenido la petición de 5 años de cárcel para 19 de los 20 imputados. Los acusa de un delito de atentado contra la autoridad y contra las altas instituciones del Estado.

El resto de las partes acusadoras también han mantenido sus peticiones iniciales. Así, el Parlament ha pedido tres años de prisión para los imputados, igual que la Generalitat, que sin embargo solo acusa a tres imputados de tratar de agredir supuestamente al president, Artur Mas. Pese a las elevadas peticiones, el abogado del Parlament ha asegurado que la institución a la que representa «no vería con malos ojos» un indulto posterior a la condena. La organización ultra Manos Limpias se ha sumado finalmente a las peticiones de la fiscalía.

Por su parte, los abogados de la defensa han reclamado desde el primer día de juicio la absolución de los acusados, al entender que no existe delito en la protesta ciudadana que trató de evitar la aprobación de los presupuestos autonómicos con los primeros grandes recortes y al entender absolutamente desproporcionadas las penas pedidas por la fiscalía y las acusaciones particulares.