«La política implícita de la Unión Europea en relación al independentismo en Europa consiste en una inicial reticencia seguida de la aceptación pragmática», el ‘pero’ lo supondría el carácter constitucional del referéndum de independencia, «factor clave para la UE». Son algunas de las conclusiones principales del estudio recientemente publicado por Graham Avery, asesor del European Policy Center y director-general honorario de la Comisión Europea. Avery fue la persona que negoció la entrada de Gran Bretaña en la Comunidad Europea en los 70 y el redactor de las solicitudes de acceso de otros 14 estados.

El autor previene que «la política de las instituciones europeas no es tener una política, pero sí respetar las constituciones de los estados miembro». También subraya «la preferencia natural por el status quo» pero añade que «cuando la independencia es inminente o se ha convertido en un hecho establecido», la reacción de la UE ha consistido en «tratar de encontrar remedios para los problemas que podrían crearse».

El de Kosovo es uno de esos casos. Tras destacar que son los propios estados los que dirigen la política de la Unión Europea, Avery recuerda que la mayoría de los estados miembro reconocieron la independencia unilateral de Kosovo y que fueron cinco (el Estado español entre ellos) los que no lo hicieron. Recuerda que a pesar de su no reconocimiento por varios estados, «el proceso de estabilización, reconstrucción y preparación para su adhesión han sido encargados por la Unión Europea». Concluye que «uno puede esperar que finalmente todos los miembros de la UE reconocerán a Kosovo».

Sin precedentes

En el artículo, el asesor de la EPC destaca que los casos catalán, escocés y flamenco (también se refiere en otro apartado a Euskal Herria) suponen un caso sin precedente alguno. Afirma que ni el independentismo ni la redefinición de los estados son experiencias nuevas para Europa, en referencia a situaciones como la creada tras el colapso de la URSS o la independencia de Argelia; «lo que la UE no ha experimentado hasta ahora», prosigue Avery, «es la división de uno de sus miembros en dos estados, queriendo ambos mantenerse en la UE».

Afirma que el Tratado europeo prevé en su artículo 49 la adhesión de nuevos estados, pero que no existe norma alguna que regule la transformación de un miembro existente en dos estados miembro.

¿La división de un estado miembro en dos es buena o mala para la UE?

Otra de las cuestiones que trata de responder el experto diplomático es si la división de la Unión Europea en unidades menores es buena o mala para la UE. Destaca que en ese caso no habría cambios en la población de la UE, ni en su relevancia económica. Tampoco se vería afectado su mercado interno ni su influencia exterior, e incluso podría ganar poder internacional al ganar puestos y votos en la ONU y en otras organizaciones internacionales.

Concluye, por lo tanto, que la división de los estados miembro «no se puede considerar buena o mala para la UE. Es, en general, neutral». Afirma que existen varias razones para que los estados miembro se opongan a ello de manera individual, pero que «difícilmente se puede oponer el argumento de que se debilita a la UE, o sea contraria a los principios e intereses básicos de la UE».