Larraitz Ugarte ha sido la encargada de valorar la multa impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al Estado español por las llamadas las vacaciones fiscales, en una comparecencia en la que ha destacado que no le «consuela» que, finalmente, la sanción ascienda a 30 millones y no 50 como se había previsto. En este sentido, ha indicado que no están satisfechos, ya que supone «una tragedia que los ciudadanos vascos tengan que pagar 30 millones de euros por unas ayudas ilegales».

Ha criticado a los responsables de los gobiernos forales anteriores por no haber recuperado las ayudas que se consideraron ilegales en los plazos establecidos, de 2006 a 2011, al contrario del Ejecutivo actual de Bildu, que según ha destacado dio prioridad a este asunto tras acceder a la Diputación.

«Esas personas estaban en cargos de responsabilidad y tuvieron una actitud tramposa y negligente retrasándolo. Es muy grave esa actitud», ha destacado.

En su opinión, este no es el momento de abordar cómo y con qué cantidades tiene que hacer frente a la sanción de la UE cada institución, sino de «hablar de esas responsabilidades y de sus consecuencias».

«Es tremendamente grave porque la negligencia política es clara. La Unión Europea pidió recuperar esas cantidades y, en cambio, se alargó y se alargó ¿Qué pensaban algunos, que se podía defraudar a Europa de una manera tan sencilla? ¿Quién responde ahora?», se ha preguntado.

La portavoz foral también ha considerado «significativo» la Diputación de Gipuzkoa haya sido la única que ha acudido a Luxemburgo para conocer el fallo del TUE «de primera mano».