Acaba de pasar por Baiona donde ha presentado su nuevo libro ``El gran mercado transatlántico. La amenaza para los pueblos de Europa''. En él realiza un análisis crítico del tratado que se está negociando.

Attac es muy crítico hacia la UE pero no participa en las elecciones. ¿Por qué?

Porque no se trata de un movimiento político. Es un movimiento de dedicación popular dirigido a la acción. Sus esfuerzos se centran en formar a los ciudadanos en las grandes cuestiones internacionales, económicas, sociales y medioambientales que son objeto de textos, como los convenios de la OMC, los tratados europeos y, por supuesto, como el que están negociando ahora entre Estados Unidos y Unión Europea. Explicar, descodificar estos textos, que son frecuentemente secretos y complicados, es el primer esfuerzo. Y después proponer o lanzar acciones, manifiestos, movilizaciones. Por ejemplo, Attac participa en manifestaciones y también en otras acciones puntuales. No es un partido político pero interviene en el debate público.

Usted asegura que desde hace 30 años Europa está cuestionando los avances de un modelo de sociedad. Pero, en realidad, ¿no cree que desde su creación, la base misma de la UE era la de favorecer sobre todo a los mercados y al capital?

Sí. Está en los textos del Tratado de Roma de 1957. Pero creo que se puede decir que desde entonces hasta prácticamente 1986 no ocurrió nada trascendental en ese sentido. Se favoreció sobre todo el Mercado Común (reducción de las tasas de aduana, facilitar la libre circulación de mercancías y personas...) pero hasta entonces no se tocaron los servicios públicos, ni las leyes que regulaban las finanzas. Hay que esperar a los años 80 para empezar a ver esas iniciativas. Por ejemplo, en Francia la primera ley de desregularización financiera -que, por cierto, fue votada por un gobierno socialista- es de 1984. En mi opinión, el punto de inflexión fue el Acta Única Europea (AUE) impulsada por Jacques Delors. Fue ahí donde se proclamó la primacía de la competencia y se empezó a impulsar el liberalismo económico más desenfrenado. Eran los años Reagan-Thatcher y yo añado Delors, porque son del mismo pelo.

Además, con el AUE se dio a la Comisión poderes ejecutivos, legislativos y judiciales en materia de competencia; es decir, se creó una dictadura europea. A partir de entonces, en nombre del libre comercio, empieza el ataque contra el servicio público, empezando por los servicios financieros y rápidamente entramos en la lógica de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Así, no se hace ninguna diferencia entre un proveedor privado (Carrefour...) y uno público (EDF-GDF o la SNCF). Es esa lógica la que domina los tratados actuales. La competencia debe ser libre y no falseada. Si el Estado interviene financiando, falsea la libre competencia. Por tanto, hay que liberalizar. Y es a partir de 1986 cuando verdaderamente esta orientación destructiva se pone en marcha. Es por ello que hablo de 30 años.

En sus conferencias está alertando de los riesgos que conlleva la negociación que se está dando, prácticamente a escondidas, entre la Comisión Europea y EEUU. ¿De qué se trata?

La idea transatlántica es una idea que viene desde la caída del muro de Berlín. En 1990 era la euforia, se hablaba de un nuevo orden mundial, para nosotros era el fin de la división de Europa en dos. Quince años antes habíamos conocido el fin de las dictaduras en Portugal, España y Grecia y entonces eso suponía el fin de la dictadura comunista en el Este. Hubiéramos podido soñar con una Europa europea basada en los valores europeos, no en los de EEUU o de Asia o África. Pues bien, ya en 1990 los gobiernos europeos firmaron con EEUU una declaración transatlántica. Allí se decidió mantener la OTAN (podíamos haberla desmantelado como lo hizo el Pacto de Varsovia), se organizan cumbres anuales EEUU-UE, se empuja a los políticos y hombres de negocios americanos y europeos a relacionarse lo más posible. Ese es el punto de partida. La cooperación transatlántica que se está negociando es el resultado de todo ello.

¿Cómo está transcurriendo?

Hace unos años, en la OMC hubo negociaciones -el ciclo de Doha- que fracasaron. La reacción, en particular de EEUU, fue decirse «ya que no logramos imponer nuestros puntos de vista en la OMC, negociemos directamente con Europa y con países del Pacífico. Así supondremos el 60% de la economía mundial y entonces podremos imponer nuestras reglas al resto del mundo». Esa lógica se pone en marcha en 2011. El 13 de febrero de 2013 Barroso y Van Rompuy firman con Obama un compromiso para comenzar las negociaciones. El 14 de junio del mismo año, los 28 gobiernos de la UE adoptan un texto propuesto por la Comisión, que es el mandato de negociación.

¿Cuáles son los puntos clave?

El mandato consta de 46 artículos que yo resumiría en cuatro. Primeramente, suprimir todas las tasas de aduana entre EEUU y Europa. Hay quien asegura que ya no existen pero no es cierto. Para las importaciones agrícolas siguen existiendo y si se suprimiesen en los productos procedentes de EEUU sería una catástrofe para la agricultura europea. Por supuesto, la PAC desaparecería.

El segundo elemento -uno de los más graves- es alinear las normas sociales, sanitarias, alimentarias, medioambientales, culturales y técnicas. Que sean las mismas en USA y en Europa. Solo que en muchos países europeos, por ejemplo en materia social, las normas europeas son algo mejores que en EEUU. Además, los países europeos reconocen las normativas de la OIT y EEUU no, ni tienen intención de hacerlo. Lo mismo ocurre con la cultura, casi todos los países de la UE han ratificado el convenio de la UNESCO sobre la protección de la diversidad cultural y lingüística (algo muy importante en el caso del País Vasco, por ejemplo). EEUU han rechazado ratificarla. El peligro es que se asiste a un alineamiento en todos los ámbitos pero con esta lógica liberal actual, estoy seguro de que esa unificación será a la baja y eso es muy peligroso.

¿Los gobiernos europeos son conscientes de esto?

Dicen que exageramos, que eso no se dará. Aseguran que no se tocarán las normas sociales y sanitarias y que han tomado todas las garantías en ese sentido. Pero no hay más que mirar lo que está sucediendo en Europa desde hace 30 años en materia social. ¿Cómo vamos a creer que van a defender las normas sociales en vigor en nuestros estados cuando la política de la UE es reducirlas? Cuando veo, por ejemplo en materia medioambiental, lo que ha ocurrido en Ontario (Canadá) que ha adoptado unas medidas fiscales por las que las fábricas que menos contaminan pagan menos impuestos. Es obvio que se trata de una incitación a no contaminar. Pues bien, la UE ha presentado una denuncia en la OMC contra la fiscalidad de Canadá argumentando «discriminación». Por tanto, no podemos considerar serias estas garantías de las que hablan los gobiernos porque, internamente, lo que la UE hace, incluso en la OMC, está en contradicción con ellas.

Ha mencionado cuatro puntos. ¿Cuál es el tercero?

El tercer objetivo de la negociación transatlántica lo resumiré así: Se trata de reemplazar los tribunales oficiales por estructuras privadas para arreglar los conflictos que se den a nivel de normas entre las firmas privadas y los poderes públicos. Se llama el mecanismo de solución de conflictos. Es un arbitraje pero, ojo!, un arbitraje privado que se aplica caso por caso. Hasta una ministro del Gobierno de Angela Merkel (SPD) preguntó por qué una firma privada no debería confiar en nuestros tribunales nacionales. En realidad, se trata de quitar a nuestros tribunales la competencia de zanjar un conflicto de estas características.

En el texto del Mandato Europeo (art. 23,32 y 45) se habla de los conflictos inversor-estado pero va más lejos aún ya que incluyen no solo al denominado inversor sino a todas las firmas privadas, en todos los ámbitos. Además afecta a los estados y también a las regiones, departamentos y municipios. Es realmente transferir hacia al sector privado un poder judicial. Para mí es algo muy grave.

En cuanto al cuarto punto clave, se trata de aplicar en su totalidad los acuerdos de la OMC y, también en este aspecto, de ir más lejos. (Art. 2, 3, 7). Textualmente se dice «con un alto nivel de ambición de ir más allá de los compromisos actuales en la OMC». Esto asusta.

Es evidente que más que los gobiernos son otros estamentos: FMI, OMC, BCE mundo finanzas.... quiénes toman las decisiones.

En efecto, son las multinacionales las que deciden. Cuando se ha preguntado a la Comisión Europea sobre la elaboración de la propuesta que hizo a los gobiernos respondió oficialmente que, entre enero de 2012 y abril de 2013, mantuvo 119 reuniones con el mundo de los negocios y las finanzas. Con los sindicatos, asociaciones de consumidores y medioambientales once y ninguna reunión con los parlamentarios europeos. 119 contra 11. Después de esa serie de reuniones, planteó la propuesta de tratado transatlántico a los gobiernos y estos la aceptaron. Si la hubieran rechazado, no estaríamos ante este riesgo. Eso demuestra que los gobiernos sí tienen cierto nivel de poder. Es como ahora. Si la negociación llega a buen puerto, el tratado se someterá al voto del Parlamento europeo y ahí tendrán que decidir si lo aceptan o no.

Y las naciones sin estado ¿cómo pueden tener voz, una presencia en esta Europa?.

Si se refiere a la Europa de las regiones, me parece que estamos muy lejos. Creo que la política europea debilita a los estados para transferir el poder a las firmas privadas. Asistimos al debilitamiento de los estados en provecho de las firmas privadas, no en el de las regiones o de la población. Nunca hemos ido tan lejos como ahora en la vulneración de la soberanía popular.

La soberanía puede expresarse a nivel de las regiones o del estado pero no existe una soberanía europea. No hay pueblo europeo. En cambio, lo que constato es que los estados abandonan cada vez más sus prerrogativas en favor de las multinacionales. La Comisión Europea se encarga de organizar todo eso. Así pueden decir «es cosa de la Comisión, no nuestra». Esa es la argucia. En noviembre pasado, la ministra francesa de Comercio dijo que no sabía lo que estaba ocurriendo en estas negociaciones UE-EEUU. Es falso. Lo saben perfectamente porque hay dos representantes por cada estado en el denominado Comité 207 que acompaña el tratado. Pero, claro, es más fácil decir que lo desconocen y descargar la responsabilidad sobre Bruselas.

¿Y es así?

Si verdaderamente quieren, pueden parar el tratado ya que al final de la negociación el tema volverá a las mesas de los consejos de ministros de los 28 gobiernos. Ahí pueden decir que no lo aceptan pero, claro, el problema es la ausencia de voluntad política.