En un comunicado, Urquijo ha destacado que «la promoción de la secesión no forma parte de los fines de ninguna Diputación ni de sus competencias, además de ser contraria al principio de lealtad institucional», y ha señalado que, «quien quiera patrocinar la independencia, puede hacerlo, pero no a través de instituciones públicas sufragadas por todos y para funciones que la ley no les encomienda».

El delegado del Gobierno español ordenó este lunes interponer un recurso contencioso-administrativo contra la subvención de 100.000 euros otorgada por la Diputación de Gipuzkoa a la iniciativa popular Gure Esku Dago. Además, ha advertido de que «las demás instituciones públicas que contemplen en sus presupuestos ayudas similares, incurrirán en el mismo ilícito, ya que es evidente que la promoción de la secesión no forma parte de sus fines ni de sus competencias».

Carlos Urquijo ha manifestado que, «bajo el eufemismo del ‘derecho a decidir’ lo que se reivindica es la independencia, y es evidente que una parte de España, como es el País Vasco, no tiene ‘derecho a decidir’ por el todo y menos aún con el dinero de todos».

Según ha indicado, la Delegación del Gobierno español, al actuar de esta manera, no hace «otra cosa que velar por el cumplimiento de la Ley». «Si existen partidos o formaciones que quieren patrocinar la independencia, pueden hacerlo, pero no a través de instituciones que son de todos los ciudadanos y sufragadas, por tanto, con fondos de todos, que deben ser administrados con rigor y para las funciones y competencias que la ley les encomienda».

«Estas decisiones son contrarias al principio de lealtad institucional establecido en el artículo cuatro de la Ley 30/1992 de régimen jurídico de las administraciones públicas y que es el que debe presidir las relaciones ordinarias entre todas las administraciones», ha destacado.

«Promover la segregación»

En esta línea, ha indicado que "difícilmente puede decirse que una Administración, en este caso la Diputación Foral de Gipuzkoa, respeta las legitimas competencias del Estado cuando deliberadamente da apoyo financiero a una iniciativa que tiene como objetivo prioritario promover la segregación respecto de dicho Estado de una parte de su territorio».

«Destinar fondos públicos a fines tan alejados de este principio, quiebra este principio básico y dificulta una relación institucional normalizada en beneficio de todos», ha subrayado.

Para Urquijo, «tanto en el País Vasco, como en Cataluña, hay una parte de la sociedad, mucho mas silenciosa, que no entendería que, quienes tenemos competencia para ello, no actuemos con todos los medios de que disponemos en defensa y a favor del orden constitucional».