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En plena cuenta atrás para la celebración de la cadena popular por el derecho a decidir organizada por Gure Esku Dago, el Parlamento de Gasteiz volverá a proclamar hoy el derecho de autodeterminación de Euskal Herria. Será la segunda vez que la Cámara autonómica la reivindique directamente para el pueblo vasco. La primera fue en 1990, pero en esta ocasión la declaración es más concreta y no viene matizada por los añadidos de hace veinticuatro años.
La proposición no de ley presentada por EH Bildu contará con el voto a favor del PNV, según confirmaron ayer a este diario fuentes oficiales de su grupo parlamentario.
La mayoría abertzale de la Cámara autonómica -48 votos de los 75- aprobarán que «el Parlamento Vasco ratifica y proclama que Euskal Herria tiene derecho a la autodeterminación y que este derecho reside en la potestad de sus ciudadanos para decidir libre y democráticamente su estatus político, económico, social y cultural, bien dotándose de un marco político propio o compartiendo, en todo o en parte, su soberanía con otros pueblos».
Se trata de una copia casi literal del primer punto del acuerdo alcanzado en febrero de 1990, aunque entonces se hablaba de pueblo vasco donde hoy dice Euskal Herria.
Durante la presentación de esta iniciativa -que se registró en el 24 aniversario de la declaración inicial- su firmante, Pello Urizar, señaló que «la resolución de 1990 apuntó a la raíz del conflicto político vasco» y en esa línea consideró que era importante recordar esa fecha y aprovecharla para plantear que «el Parlamento ratifique aquella declaración democrática».
El parlamentario de EH Bildu presentó la proposición no de ley cuando estaba a punto de constituirse la ponencia -que ayer comenzó con sus primeras comparecencias- para analizar la necesidad de un nuevo estatus político para este pueblo. Y señaló que ese estatus «deberá basarse ineludiblemente en el reconocimiento de Euskal Herria como nación y, por consiguiente, en su derecho a decidir».
Mayor apoyo que en 1990
El texto aprobado el 15 de febrero de 1990 fue una enmienda consensuada por PNV, EA y EE, que junto a la proclamación del derecho a la autodeterminación, incluía la defensa del Estatuto de Autonomía como punto de encuentro y la profundización en el autogobierno en base a su «leal desarrollo». Colocaba en las instituciones autonómicas toda la legitimidad en lo relativo al derecho a decidir, que se entendía como un «proceso dinámico».
Aquel pleno estuvo precedido de una agria polémica con los partidos unionistas y una enorme beligerancia de los medios de comunicación.
Ese día fue la segunda vez que los parlamentarios de Herri Batasuna acudían al Parlamento. Iñigo Iruin se encargó de defender su enmienda. Pero después sus trece representantes abandonaron el salón de plenos antes de la votación, al impedir el PNV que la declaración pudiera ser votada por puntos, ya que el grupo independentista quería apoyar el primer punto y no el resto.
Aquellas divergencias, fruto también del momento histórico, se verán hoy superadas y el acuerdo que alcance el Parlamento tendrá un apoyo mayor en la Cámara. Si entonces fueron los 38 parlamentarios que sumaban PNV, EA y EE quienes votaron a favor del texto, ahora serán los 48 que agrupan la formación jeltzale y EH Bildu.
Además, la declaración institucional llegará en vísperas de la que se espera sea una enorme movilización popular en favor del derecho a decidir, concretada en la cadena humana del próximo 8 de junio entre Durango e Iruñea. También el contexto internacional es especial, con el referéndum de independencia previsto en Escocia y la apuesta de la mayoría catalana por la celebración de una consulta en noviembre.
Acuerdos posteriores
Aunque la declaración de 1990 fue la primera del Parlamento proclamando el derecho de autodeterminación de Euskal Herria, con posterioridad ha habido también acuerdos que iban en la misma dirección, aunque con otras redacciones o integradas en propuestas más amplias.
En 2002, en el marco de los trabajos previos para la elaboración del nuevo estatuto, se aprobó un dictamen que reiteraba que «el Pueblo Vasco tiene derecho a decidir su propio futuro» y hacía referencia expresa tanto al acuerdo de 1990 como al derecho internacional.
Con posterioridad, en 2006, y en el contexto de un acuerdo de felicitación a Montenegro, la Cámara volvió a defender «el derecho de la sociedad vasca a decidir su propio futuro» y apostó «por abordar un diálogo integrador y sin exclusiones que permita alcanzar un acuerdo sobre los aspectos básicos para la normalización política».
La propuesta de hoy contará con el rechazo de la minoría unionista de la Cámara. PSE y UPyD presentan sendas enmiendas a la totalidad. El primero propone la actualización del Estatuto. Gorka Maneiro defiende la Constitución y dice que ninguna parte de la ciudadanía puede decidir sobre la organización territorial del Estado.
Urquijo recurre la ayuda de Gipuzkoa a Gure Esku Dago y amenaza al resto
El delegado del Gobierno en la CAV, Carlos Urquijo, ha recurrido la subvención de 100.000 euros concedida por la Diputación Foral de Gipuzkoa a Gure Esku Dago, organizadora de la cadena humana a favor del derecho a decidir que unirá los 123 kilómetros que separan las localidades de Durango e Iruñea el próximo 8 de junio
En un comunicado, Urquijo afirmó que «la promoción de la secesión no forma parte de los fines de ninguna Diputación ni de sus competencias, además de ser contraria al principio de lealtad institucional», y señaló que, «quien quiera patrocinar la independencia, puede hacerlo, pero no a través de instituciones públicas sufragadas por todos y para funciones que la ley no les encomienda».
El delegado del Gobierno ordenó el lunes, al día siguiente de las elecciones europeas, interponer recurso contencioso-administrativo contra la subvención de 100.000 euros concedida por la Diputación de Gipuzkoa a la iniciativa popular Gure Esku Dago. Además, amenazó con que «las demás instituciones públicas que contemplen en sus presupuestos ayudas similares, incurrirán en el mismo ilícito, ya que es evidente que la promoción de la secesión no forma parte de sus fines ni de sus competencias».
Carlos Urquijo señala que, «bajo el eufemismo del 'derecho a decidir' lo que se reivindica es la independencia, y es evidente que una parte de España, como es el País Vasco, no tiene 'derecho a decidir' por el todo y menos aún con el dinero de todos».
El delegado español -que pertenece al cuarto partido de la CAV que el domingo volvió a perder más votos- justificó su actuación asegurando que al actuar de esta manera, no hace «otra cosa que velar por el cumplimiento de la Ley».
Según su parecer, «tanto en el País Vasco, como en Cataluña, hay una parte de la sociedad, mucho más silenciosa, que no entendería que, quienes tenemos competencia para ello, no actuemos con todos los medios de que disponemos en defensa y a favor del orden constitucional».
Urquijo asegura que la concesión de ayudas a iniciativas como Gure Esku Dago «son contrarias al principio de lealtad institucional establecido en el artículo cuatro de la Ley 30/1992 de régimen jurídico de las administraciones públicas y que es el que debe presidir las relaciones ordinarias entre todas las administraciones».
El delegado del Gobierno está mostrando una gran litigiosidad contra aquellas instituciones que no actúan al gusto del PP. GARA
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