«Sucesión exprés» para evitar las exigencias de debate y votación sobre el modelo de Estado. Esta ha sido la respuesta de los principales poderes españoles al diseñar el calendario del recambio monárquico un día después de que Juan Carlos I anunciase su abdicación. El Gobierno español reunió a su Consejo de Ministros y elaboró en una mañana la ley que no desarrolló en 35 años. Después, el Congreso cumplió su parte, fijando para el miércoles 11 de junio el pleno donde se debatirá (y aprobará) esta normativa. De ahí pasará al Senado y, tras el trámite, llegará el momento del nombramiento ante las Cortes Generales (Congreso y Senado, en la sede de la Cámara Baja). A falta de la confirmación oficial, ya que las fechas tienen que recibir el visto bueno de la Casa Real, diversos medios apuntaban que el 18 de junio el sucesor podría ser nombrado Felipe VI. Un proceso finiquitado en un plazo récord de apenas dos semanas.

Con un único artículo de apenas 28 palabras, el Consejo de Ministros extraordinario solventó el proyecto de ley que regulará la abdicación del rey español. También se evitaron las explicaciones. Si el lunes la fórmula fue convocar declaraciones institucionales o proyectar una grabación del monarca, ayer el Ejecutivo se limitó a no convocar rueda de prensa. En su lugar, colgó el texto en la página web y lo remitió a las Cortes para su tramitación. La normativa se reduce a certificar la abdicación del Borbón y hacerla efectiva desde el momento en el que esta sea publicada en el BOE. Nada más. De este modo, Felipe de Borbón será rey antes de la ceremonia de proclamación.

Como ningún portavoz oficial ha dado explicaciones, queda por ver qué figura legal tratarán de construir desde el Estado para blindar a Juan Carlos de Borbón. Hasta el momento, la Constitución española garantizaba su «inviolabilidad» ante la ley. Pero la perderá desde el momento en el que su sucesión sea un hecho. Así que en Moncloa ya han empezado a trabajar para buscarle, al menos, un aforamiento similar al que ya protege a los actuales príncipes de Asturias. El origen de su fortuna o su vinculación con el franquismo (fue nombrado heredero por el propio Francisco Franco, lo que ha motivado que asociaciones de víctimas de la dictadura pretendan incluirle en la querella que instruye la juez argentina María Servini) serían ahora cuestiones que podrían investigarse. No obstante, todavía queda tiempo y Moncloa ya está dejando claro que pretende establecer algún mecanismo de protección.

Sin votos díscolos de Ferraz

Las prisas de los dos grandes partidos también quedaron en evidencia en el trámite parlamentario de la ley. En una misma mañana se votará en el Congreso su admisión (con cinco minutos de intervención para cada grupo) y su aprobación, garantizada por PP, PSOE y UPyD en lectura única y por el procedimiento de urgencia. También, se discutirán las enmiendas, que los grupos pueden presentar hasta el lunes pero que no prosperarán. Con la mayoría absoluta de Rajoy bastaba, sin embargo, el Estado tiene claro que el apoyo de la formación de Alfredo Pérez Rubalcaba dotaría de un barniz de legitimidad a la operación en un contexto de descrédito. Esta parece garantizada. Pese a que diputados como Odón Elorza han reclamado libertad de voto, la portavoz parlamentaria de Ferraz, Soraya Rodríguez descartó esta opción. Y también dudó de que puedan darse votos díscolos.

Las prisas con las que el Estado ha diseñado el proceso de sucesión borbónica ahonda en la idea de un acelerón en la maniobra para evitar un cambio en la correlación de fuerzas que hubiese obligado al debate.