El 10 de mayo de 2010, el entonces presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, asestaba el primer hachazo a los derechos sociales de los muchos que vendrían después. Aquel día anunció un histórico recorte de los sueldos de los funcionarios acompañado por la congelación de las pensiones y la eliminación del denominado «cheque bebé», la prestación de 2.500 euros por el nacimiento de un hijo que su propio Gobierno había puesto en marcha en 2007. Con aquellos recortes a las puertas del verano, Zapatero iniciaba un período marcado por la crisis económica, que no ha hecho sino agravarse, y la degradación de las condiciones de vida. También inauguraba una tradición política a la que se han acogido indistintamente PP y PSOE: la adopción de medidas de espaldas a la ciudadanía o el desarrollo de debates cruciales en época estival. Desde entonces, no ha habido temporada «primavera-verano» que no haya venido acompañada de movimientos trascendentales. Recortes, sometimiento a la Troika modificando incluso la Constitución española, el rescate bancario, las escasas explicaciones acerca de la corrupción y el intento de renovación ante la crisis estructural que supone el nombramiento de Felipe VI constituyen una línea cronológica que explica el camino desde las dificultades económicas hasta la crisis de legitimidad del régimen español. No parece casualidad que en años de intenso calendario, algunas de las medidas más decisivas se adopten en la época de menor tensión política. ¿Una forma de intentar minimizar las protestas?

Si hay un punto de inflexión en este proceso este es el pacto entre PSOE y PP para modificar el artículo 135 de la Constitución española. Mediante este cambio, la Carta Magna incluía en su redacción la prioridad de pagar la deuda y sus intereses por encima de cualquier cuestión. El acuerdo, gestado entre Ferraz y Génova de espaldas al resto de grupos parlamentarios, se selló pasada la medianoche del 23 de agosto de 2011, aprovechando el sopor estival. Pese a tratarse de una reforma constitucional, PSOE y PP consideraron que no era necesario someterla a referéndum. Disponían del 90% en el Congreso, con lo que pudieron imponer el nuevo punto en setiembre sin problemas.

La Troika manda antes del rescate

La amenaza de un rescate (que se materializaría el verano siguiente, aunque se disfrazase con otro nombre) amenazaba ya al Estado, y con este gesto, los dos partidos del turnismo trataban de mostrar a Europa que estaban dispuestos a todo para someterse a la doctrina de la austeridad. Un año antes, en 2010, Grecia e Irlanda ya habían recibido las primeras transferencias a condición de someterse al diktat de la Troika. Ese mismo año, Portugal se había sumado al grupo. Ante los rumores de que Madrid podría ser el siguiente, Zapatero y Mariano Rajoy, que ya acariciaba la presidencia, ejercieron de «gran coalición» y enterraron las posibilidades de Alfredo Pérez Rubalcaba, nombrado candidato del PSOE, de reeditar un triunfo.

En junio de 2012, ya con el PP en el poder, llegó el rescate bancario. Ministros como Luis de Guindos lo calificarían como «préstamo en condiciones ventajosas» en un ejercicio de «neolengua» que no podía esconder la realidad: Madrid había pedido 100.000 euros para sanear las entidades financieras pero no serían estas (con agujeros como el de Bankia, de 15.000 millones) quienes asumiesen los costes, sino la propia administración. Así venía reflejado en el Memorándum de Entendimiento pactado con la Troika y que incluía buena parte de los recortes impulsados por el PP, además de otras medidas como la reforma laboral, que sustituyó los derechos de los trabajadores por la «flexibilidad» que exigían los empresarios.

Con los ánimos encendidos y la asfixia económica castigando a cada vez más ciudadanos (con el desempleo disparado y los recortes sociales multiplicándose) llegó el turno de la corrupción. Las revelaciones de Luis Bárcenas, el extesorero del PP, sobre la financiación ilegal de Génova terminó forzando un pleno extraordinario celebrado el 1 de agosto en el Senado. Los papeles que reflejaban la supuesta contabilidad paralela del partido en el Gobierno habían sido publicados en enero en diferentes medios españoles. Durante mucho tiempo, Rajoy negó que las acusaciones de cobrar en «b» fuesen verdad «salvo alguna cosa». No convenció a nadie y el escándalo desgastó aún más el apoyo ciudadano a una clase política que ya había pactado a sus espaldas los recortes.

A través de este tortuoso camino, el régimen de 1978 se ha dejado gran parte de su legitimación. A este proceso no es ajena la monarquía. Entre los sucesivos casos de corrupción y la percepción de que el turnismo salió herido del 25M (donde obtuvo menos del 50% de sufragios), el Estado ha optado por el «recambio exprés» en la jefatura de Estado. En apenas dos semanas, PP y PSOE, otra vez PP y PSOE, gestaron el cambio de un Borbón por otro, que se materializará entre hoy y mañana. «Sé lo que hicisteis el último verano» comienza a ser un lema imprescindible para comprender la política española.