La participación de Juan José Ibarretxe ayer en un acto del nuevo movimiento por los derechos humanos de los presos, Sare, se convirtió en otra señal de la ampliación del consenso contra la política carcelaria. El que fuera lehendakari durante once años se mostró «optimista» además sobre la opción de lograr la solución al conflicto: ``Ahora sí, decisión, proceso de paz'', fue el título que dio a su charla en Gasteiz.

Hizo hincapié en conceptos como la importancia que tendría lograr que a los presos vascos se les aplique el régimen general penitenciario, es decir, se elimine «el Derecho Penal del Enemigo, el no-Derecho». Recordó que solo con ello «se solucionarían muchos de los problemas», dado que por ejemplo los condenados por cuestiones exclusivamente políticas serían excarcelados y al resto se les aplicarían los beneficios establecidos legalmente sin los vetos actuales.

Para ello, Ibarretxe considera que la vía propicia es la activación de la ciudadanía, y citó a modo de idea la opción de presentar denuncias individuales contra el Estado español ante la ONU. «¿Quién lo puede hacer? Cualquiera», planteó. Se la trasladó a Sare a través de Joseba Azkarraga, que fue consejero de sus gobiernos durante ocho años y ahora una de las caras principales del nuevo movimiento. Azkarraga ejerció ayer de presentador.

A preguntas del público, Juan José Ibarretxe destacó que cree sinceramente que tiene «más atractivo» y mayor fuerza que este cambio sea reclamado por la ciudadanía y no por ETA. También se mostró algo reacio, o al menos escéptico, cuando se le planteó si las instituciones vascas no pueden hacer más de lo que hacen. Citó los posicionamientos institucionales «que acaban en la papelera», aludió también a la falta de competencias para acudir a instancias como el Tribunal de Estrasburgo, y finalmente admitió que observa un escollo político interno: «Falta de confianza entre el mundo del PNV y el mundo de Batasuna. Tendríamos que dejar de mirarnos de espaldas para mirarnos de cara».

Cuatro bases

En una intervención esencialmente académica, en la que citó desde al bertsolari Xenpelar hasta al teólogo Hans Kung pasando por Nelson Mandela («la persona del siglo XX y también del XXI, un hombre extraordinario»), el exlehendakari fue más allá de la cuestión penitenciaria para exponer una auténtica hoja de ruta de solución integral al conflicto.

Tiene cuatro bases: la defensa de los derechos humanos («todos para todas las personas»); el diálogo político («ahora inexistente»); el respeto a la decisión de la sociedad vasca («¿qué idiotez es esa de que tienen que decidir todos los españoles?»); y la reivindicación social («si no fuéramos solidarios, perderíamos nuestra condición de pueblo vasco»).

Juan José Ibarretxe se mostró más cómodo en los conceptos teóricos que en los prácticos, y también más suelto en la cuestión política que en la de las consecuencias del conflicto. «El derecho a decidir es la llave de la solución al conflicto político vasco. Y tengamos cuidado con los conceptos; eso no se negocia, solo se negocia su ejercicio, cómo se hacen las preguntas», dijo tajantemente.

Documento conjunto

En su conferencia en Gasteiz, Ibarretxe citó las jornadas realizadas recientemente por la Fundación Sabino Arana sobre «El Derecho Penal ante el final de ETA». Y justamente ayer se conoció que las conclusiones de este seminario, realizado el 13 de junio, han sido remitidas a numerosas instituciones y fuerzas políticas, sociales y sindicales. El documento va en línea similar a los planteamientos de Ibarretxe, poniendo énfasis en la necesidad de superar la política de excepción carcelaria.

En ese encuentro participaron, entre otros, el magistrado del Tribunal Supremo Joaquín Giménez; el juez de la Audiencia Nacional Ramón Sáez Valcarcel; el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra; el fiscal superior de la CAV; Juan Calparsoro; la presidenta de la Audiencia de Nafarroa, Esther Erice... Y estuvieron el secretario de Paz y Convivencia del Gobierno de Lakua, Jonan Fernández, o el abogado Iñigo Iruin.

El texto afirma que, «por encima de diferencias», los participantes sostienen «la necesidad de superar la excepcionalidad que ha presidido la respuesta penal en estos casos». Entre otras cosas, piden suprimir la incomunicación, así como el delito de «enaltecimiento del terrorismo» y el de «terrorismo» en general si no hay «pertenencia o colaboración» real.