Los casos de Bonnemaison y Lambert han reavivado el debate sobre la eutanasia en el Estado francés. ¿Cómo está la situación en el Estado español?
El debate está paralizado por la clase política y porque en la situación de crisis que tenemos hay otros temas más al día, como el rescate a los bancos o la reforma laboral. De todos modos, es un debate permanente, siempre está en la sociedad y hay que afrontarlo, como lo han hecho o están haciendo muchos países, como Holanda y Bélgica, que ya tienen leyes, el Quebec, el Reino Unido, etc.

¿Cuáles deben ser los parámetros del debate en su opinión?
No es un debate médico. Cabe la posibilidad de plantearse, por cuestiones ideológicas la objeción de conciencia de un profesional particular es algo que también hay que regular, pero no es un debate médico. Tampoco es un debate moral, que es una cosa privada, de las puertas de tu casa para adentro. Lo que debe ser es un debate social entorno al derecho a disponer de la propia vida, lo que se conseguiría a través de un cambio en el ordenamiento jurídico, despenalizando o anulando el artículo 143 del Código Penal.

Nafarroa es una de las pocas comunidades con una Ley de Derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte. ¿Cómo la valoran?
Hacemos una valoración positiva, ya que ahonda y particulariza los derechos que se recogen en la Ley de Autonomía del paciente, que es la que regula el ordenamiento jurídico a nivel estatal. Pero hay que ser conscientes de que los parlamentos autonómicos no pueden decidir si permiten la eutanasia o el suicidio asistido, porque ahora mismo es anticonstitucional. Por lo tanto, es algo positivo, pero muy limitado.

¿Qué es el testamento vital y qué grado de conocimiento cree que tienen los ciudadanos sobre él?
En la Ley de Autonomía del paciente se contemplan derechos como limitar el esfuerzo terapéutico, rechazar un tratamiento, morir dormido, etc. Y en la última parte de la ley se dice que, desde la plena autonomía y competencia, uno puede planificar qué cuidados quiere en los momentos finales de la vida. Eso es el testamento vital. El problema es que la pedagogía que se ha hecho del tema es escasa, por no decir nula. Yo soy médico, he trabajado en un hospital hasta hace poco y puedo decir que incluso entre trabajadores y profesionales el desconocimiento de la Ley de Autonomía es grande. No se lo plantean en su práctica diaria. El síntoma evidente es que muy pocos ciudadanos tienen registrado su testamento vital.

¿El poso religioso explica las reticencias de parte de la sociedad a afrontar el debate o hay algo más? Acostumbran a decir que «no sabemos morir»...
Existe un tabú sobre el tema de la muerte, del que la conciencia religiosa tiene parte de responsabilidad, pero que es algo cultural. Existe un rechazo a la muerte que nos impide prepararnos para cuando llegue y planificar cómo queremos que sea, somos incapaces de plasmar nuestra escala de valores y derechos en el proceso final de la vida. Y a veces hasta pensamos que con tanto avance tecnológico vamos a derrotar definitivamente a la muerte, cuando es una de las pocas verdades absolutas que tenemos. Todos nos vamos a morir, no hay discusión al respecto, la cuestión es si somos protagonistas en ese proceso o lo dejamos en manos de terceros.

En cualquier caso, las pocas encuestas que se hacen ponen de manifiesto que existe una amplia mayoría social que ve con buenos ojos que los profesionales sanitarios ayuden a morir si es algo reiteradamente solicitado y así se evita el sufrimiento. Al final, es también un tema humanitario, la sociedad entiende que los sufrimientos no producen ningún beneficio, no te dan puntos para la otra vida, son situaciones vitales completamente estériles.