El portavoz de Stop Desahucios en Araba, Arturo Val, y otros dos miembros de la plataforma han sido juzgados en Gasteiz por faltas a raíz de una denuncia de coacciones por unos hechos que tuvieron lugar el 12 de junio pasado, cuando Stop Desahucios llevó a la sede de Alokabide unas firmas para pedir que el Gobierno de Lakua cumpla con una instrucción suya sobre medidas excepcionales en el cálculo de las rentas de pisos cuando existen circunstancias sobrevenidas.

El portavoz de la plataforma, antes de entrar en la sala de vistas, ha explicado a los medios de comunicación que en ningún momento se profirieron amenazas a ninguna persona, pese a que en el informe del vigilante de seguridad se afirma que fue el propio Val el que dijo a una persona del registro que esa vez habían acudido «suaves» pero que la próxima ya se vería.

Ha asegurado que en la entrega de firmas no hubo ningún incidente y que en ningún caso se pretendió amenazar a nadie y ha acusado al Gobierno de Lakua de aplicar la «ley mordaza», porque el PP y el PNV pretenden «reprimir todo lo que no les gusta».

Ha criticado que intentan «criminalizar los movimientos sociales», pero ha anunciado que Stop Desahucios va a seguir defendiendo a los colectivos más desfavorecidos pese a juicios «absurdos» como el de hoy.

En apoyo a los tres juzgados ha tenido lugar una concentración con varias pancartas en las que se leían lemas a favor de los alquileres sociales y el derecho a una vivienda digna.