En concreto, de los 45 casos analizados, todos ellos vascos, los expertos han considerado que el 53% tiene un grado de credibilidad de «máxima consistencia», mientras que el 31,1% es «muy consistente» y el 15,6% «consistente». Esta investigación cuenta además con el apoyo de Juan E. Méndez, relator especial de la ONU sobre la tortura, y Ben Emmerson, relator especial de la ONU sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo. Ambos han remitido una nota en la que calificaban el informe de «paso hacia la transparencia y la rendición de cuentas», al tiempo que instaban a Madrid a «tomar en cuenta» las conclusiones y recomendaciones expuestas.

El reconocimiento de los hechos es la principal demanda de cara a las instituciones. Especialmente, teniendo en cuenta el ambiente de negación y acusaciones de mentira con las que el Estado responde a las denuncias de tortura. No obstante, según ha indicado Pau Pérez, siquiatra del Hospital La Paz de Madrid, esta documentación es válida legalmente y podría usarse por las víctimas en caso de que quisiesen intentar reabrir una causa judicial por torturas. El Protocolo de Estambul no ha sido utilizado frecuentemente en procesos en el Estado, aunque ya existen precedentes. Por ejemlo, el juicio contra 40 jóvenes vascos, que finalmente fueron absueltos en un auto que reconocía la posible existencia de malos tratos, apoyándose en este mecanismo pericial.

Otras de las medidas propuestas por los expertos son la actitud institucional «decidida» para luchar contra la tortura, la atención sicosocial, las medidas de rehabilitación y apoyo, garantías de no repetición, implementación de procedimientos administrativos legales que prevengan la tortura y la construcción de nuevos espacios sociales inclusivos que permitan hablar de lo ocurrido en Euskal Herria.

Entre los aspectos analizados por los especialistas están el tipo de maltrato padecido, las consecuencias físicas y las sicológicas. Para ello han aplicado el protocolo a 45 personas detenidas entre enero de 1982 y diciembre de 2010. Un tercio de ellos fue arrestado por la Policía española, otro por la Guardia Civil y, el último, por la Ertzaintza. No obstante, según ha indicado Andrés Krakenberger, no se trata de un muestreo que permita «extrapolar» datos, pero sí certificar la veracidad de las denuncias, lo que permite demostrar que los malos tratos siguen produciéndose en las comisarías del Estado español. «No es un muestreo. La búsqueda de la verdad es lo único que nos mueve», ha remarcado Pérez. En su opinión, este trabajo sirve para denunciar que «existen casos de tortura y malos tratos y que son documentables». Una vez acreditados y «fuera del debate político», el siquiatra ha considerado que «toca poner encima de la mesa» la problemática.

Al margen de las consecuencias físicas y sicológicas, el estudio también aborda la reparación de las víctimas. Una cuestión que «todavía está por hacer», según ha señalado Olatz Barrentexea, que ha destacado que «ni son casos aislados ni son casos del pasado», recordando que el régimen de incomunicación, que todavía se aplica, ha sido el gran aliado para la «impunidad» en las comisarías españolas.

Tras la presentación, el objetivo de los promotores es poder discutir el informe con las distintas administraciones, aunque todavía no hay un calendario fijado.