Tras el referéndum de Escocia, llega el momento de Catalunya, que esta tarde celebrará un pleno extraordinario con un único punto del día en el orden del día: la aprobación de la Ley de consultas que ofrecerá el marco legal para convocar la consulta del 9 de noviembre. Aunque en una entrevista ofrecida ayer por la noche el president, Artur Mas, no quiso confirmar ni desmentir si firmará el decreto de convocatoria de la consulta esta misma tarde, son varios los medios que en los últimos días han dado por hecho que Mas firmará el decreto de convocatoria de la consulta esta misma tarde, algo que el coordinador general de CDC, Josep Rull, ha negado esta mañana. La incógnita, por lo tanto, sigue abierta.

Sin adelantar acontecimientos no confirmados, lo seguro es que hoy una amplísima mayoría de diputados aprobarán la Ley de Consultas que el pasado mes de julio pasó el penúltimo trámite parlamentario con los votos a favor de CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y CUP –los socialistas apoyan la ley, pero no la consulta del 9N–. Antes de pasarlo por el pleno de hoy, el Parlament elevó el proyecto de ley al Consell de Garanties Estatutaries, que en el mes de agosto avaló la adecuación del texto tanto a la Constitución como al Estatut, si bien lo hizo por la mínima, con cinco magistrados a favor y cuatro que manifestaron sus discrepancias en diversos puntos.

Así, la ley que hoy se aprobará previsiblemente con 107 votos a favor y 28 en contra –PP y Ciutadans– desarrolla el artículo 122 del Estatut y establece el régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento y la convocatoria de los mecanismos de consultas no refrendarias. La ley deja muy claro que se trata de consultas no vinculantes que podrán ser de ámbito nacional o local. La promoción de estas consultas puede venir del propio president de la Generalitat, del Parlament, de los municipios, los consejos comarcales o diputaciones, aunque también podrán ser de iniciativa ciudadana, para lo cual se requerirán como mínimo 75.000 firmas.

Además, la ley establece los mecanismos necesarios para asegurar la fiabilidad y la transparencia del proceso electoral, para lo que establece una comisión de control y otra de seguimiento, debido a la falta de una Ley electoral catalana. Con la norma también se creará el registro de participación en las consultas populares, que será diferente al censo electoral –uno de los elementos para salvar la inconstitucionalidad–. Se basará en los datos del registro de población de Catalunya, al cual se añadirá el registro de catalanes en el exterior. De esta manera, podrán votar todas las personas mayores de 16 años, los ciudadanos de otros países de la Unión Europea con un año de residencia en Catalunya y los ciudadanos del resto del mundo con tres años de residencia legal. Sobre este último punto, esta tarde el Parlament votará una enmienda de la CUP que reclama que las condiciones para los extracomunitarios sean las mismas que para los ciudadanos de la UE, es decir, un año de residencia.

La ley también establece que la convocatoria de la consulta se debe realizar entre 30 y 60 días antes de la cita con las urnas, y que debe ir acompañada de una campaña institucional de información acerca del evento. Una campaña que, en el caso de la consulta del 9 de noviembre, la Generalitat ya tiene preparada, según han venido informando medios catalanes.

Decreto y respuesta estatal a punto

Así las cosas, con la Ley de Consultas en la mano, está previsto que Mas firme el decreto de convocatoria en los próximos días, quizás esta misma tarde, lo que permitiría publicar tanto la ley como el decreto en una edición vespertina del Diario Oficial de la Generalitat, tras lo cual quedarían oficialmente aprobadas ambas medidas. La firma del decreto esta misma tarde era la opción más barajada en los últimos días, aunque esta posibilidad se ha enfriado algo después de que Rull lo haya negado esta misma mañana.

En cualquier caso, los medios madrileños ya dan cuenta de que el Gobierno español tiene preparada la respuesta, que podría traducirse en un Consejo de Ministros extraordinario a lo largo del fin de semana, con el objetivo de que el recurso contra la ley y contra el decreto lleguen al pleno del Tribunal Constitucional en la sesión prevista para el próximo martes. De cumplirse este calendario y suspenderse automáticamente la cita del 9 de noviembre –según la legalidad española– Mas ya ha repetido en más de una ocasión que citará a los líderes de las formaciones favorables al derecho a decidir para intentar consensuar una respuesta conjunta.