«El Pleno del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda mostrar el apoyo a la convocatoria de la consulta del 9 de noviembre de 2014 para decidir libremente el futuro de Catalunya dentro del ejercicio de nuestros derechos democráticos y tomar el compromiso del Ayuntamiento de Barcelona con la realización de la misma, facilitando todos los recursos y las herramientas necesarias para hacerla posible, haciendo una llamada a la participación». Como el de Barcelona, cientos de ayuntamientos catalanes aprueban hoy mociones similares en apoyo a la consulta del 9 de noviembre que el president, Artur Mas, convocará de forma oficial en los próximos días.

Pese a la ausencia del grupo municipal del PSC, el pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado la moción gracias a los votos de CiU, ERC e ICV-EUiA. En el texto también se acuerda «comunicar este acuerdo en el periodo de cinco días de su aprobación al president de la Generalitat de Catalunya y a la presidenta del Parlament de Catalunya y a los grupos parlamentarios; también a la Associació de Municipis per la Independència (AMI) y a la Associació Catalana de Municipis (ACM)».

Son precisamente estas dos entidades las impulsoras de la moción que hoy se aprueba en cerca de 500 Ayuntamientos catalanes. El apoyo, sin embargo, se extenderá en los próximos días a la mayoría de los 947 municipios del Principat. La AMI y la ACM han anunciado que ya tienen confirmados a más de 600 y calculan que en total aprobarán el texto cerca de 800 ayuntamientos.

En el mismo texto consta además que las dos entidades municipalistas trasladarán posteriormente las mociones aprobadas «al presidente del Gobierno español, al presidente del Congreso de los Diputados, al secretario general de las Naciones Unidas, al presidente del Parlament Europeo, al presidente del Consejo de la UE y al presidente de la Comisión Europea».

Además del apoyo simbólico a la consulta, la moción tiene su vertiente práctica, ya que sella el compromiso de la mayoría de los ayuntamientos para prestar la ayuda material necesaria para convocar la consulta, lo que implica, entre otras cosas nada desdeñables, la cesión de espacios municipales –escuelas, sobre todo– para colocar las mesas electorales. En cualquier caso, la Generalitat ya tiene previstas alternativas en aquellos pocos municipios en los que el Gobierno municipal niegue la ayuda.