Se acabó el tiempo de las dilaciones. A las 10.30 horas de ayer, el president de la Generalitat, Artur Mas, rodeado por los miembros del Govern, por la presidenta del Parlament y por representantes de CiU, ERC y CUP, firmó de forma solemne el Decreto 129/2014. Un texto que pasará a la historia como el decreto de convocatoria de la consulta del 9 de noviembre sobre la independencia de Catalunya. El paso está dado, los catalanes tienen una cita con el futuro de su nación en el calendario.

Tras la ceremonia, Mas pronunció el pertinente discurso institucional, en esta ocasión en catalán, en castellano y en inglés, consciente de la repercusión internacional del paso dado ayer, que rápidamente ocupó las portadas digitales de numerosos medios internacionales. Mas recordó que «han sido necesarias grandes movilizaciones ciudadanas y muchos meses de trabajo para llegar al día de hoy» y reivindicó las «cuatro máximas que han guiado este proceso: amplias mayorías sociales, consenso político, búsqueda del diálogo y respeto a los marcos legales».

Mas recordó los siete siglos de existencia de la Generalitat de Catalunya y dejó un recado a Mariano Rajoy, ante las posibles represalias que puedan llegar: «Solo imposiciones externas han provocado la suspensión del autogobierno», en clara referencia a la suspensión de las instituciones catalanas a lo largo de la historia. La frase final, sin embargo, la dirigió a la ciudadanía catalana: «Este decreto es el reto que ponemos en vuestras manos para decidir y construir vuestro futuro».

Pese a que en los días previos circuló la posibilidad de que Mas saludase a los asistentes a la plaza Sant Jaume desde el balcón del Palau de la Generalitat, el president salió finalmente a pie de calle a saludar a las centenares de personas convocadas por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. Lo hizo escudado por el líder de ERC, Oriol Junqueras, la plana mayor de CDC y consellers del Govern.

La ANC y Òmnium fueron, precisamente, las entidades encargadas de instalar una urna gigante y un contador que ayer al mediodía contaba 42 días y 12 horas para el 9 de noviembre. Posteriormente, la campaña “Ara es l'hora” que impulsan de manera conjunta publicó un manifiesto con el que mostraron su apoyo al president y a las instituciones: «Sabemos que las principales fuerzas políticas catalanas están dispuestas a honorar el mandato popular que recibieron en las elecciones de noviembre de 2012».

La logística en marcha

La actividad en los despachos de la Generalitat no acabó con la firma del decreto, ya que poco después de entrar en vigor la convocatoria, la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, presidió la firma de cuatro convenios que pusieron en marcha toda la logística necesaria para realizar la consulta. Entre las medidas adoptadas destaca el acuerdo con el Idescat para utilizar el registro de población como censo para la consulta, o el encargo para imprimir las papeletas electorales y construir todas las urnas necesarias. De forma paralela, el Govern puso en marcha la campaña institucional de información sobre la consulta. Lo hizo a través de una web y de un anuncio publicitario en el que se dan todos los detalles sobre el 9 de noviembre, pero sin orientar en ningún caso el sentido del voto.

También tienen a punto las campañas los partidos políticos, empezando por Convergència, que iniciará su apuesta por la independencia hoy mismo, con un acto en Mollerusa (Lleida). ERC y CUP también iniciarán en los próximos días las campañas a favor de blindar la consulta frente a vetos constitucionales y a favor del doble Sí. Además, estas tres formaciones avanzaron en los últimos días que se sumarán a la campaña conjunta impulsada por “Ara es l'hora”.

Dentro del campo soberanista, Unió e ICV-EUiA –que ayer no acudió, inexplicablemente, al acto– siguen poniendo la nota discordante, ya que todavía no han definido el sentido del voto para el 9 de noviembre. Unió lo hará en una reunión el próximo domingo, mientras que los ecosocialistas lo decidirán con una consulta interna. En el otro extremo, PSC, PP y Ciutadans dejaron claro desde el primer día que no harán campaña en una consulta que consideran ilegal.

«El referéndum no se va a celebrar porque es inconstitucional». Sin esperar a lo que dictamine el Tribunal Constitucional, presidido por el exmilitante del PP Francisco Pérez de los Cobos, la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, dejó clara su posición en una comparecencia de respuesta a la firma del decreto. El Ejecutivo ya ha solicitado un informe al Consejo de Estado, que es el paso previo a la presentación del recurso. En principio será mañana, una vez que Mariano Rajoy haya regresado de su viaje a China, cuando se reúna el consejo de ministros extraordinario que tramite el recurso, tanto a la Ley de Consultas como al decreto. Ese mismo día, la Abogacía del Estado presentará las alegaciones ante el Constitucional. Este órgano también se reunirá de urgencia, en principio el martes, por lo que la suspensión de la consulta podría producirse ese mismo día. El veto a las urnas ha vuelto a unir a PP y PSOE. El portavoz de este último grupo, Antonio Hernando, se aferró a los mismos argumentos de Génova y denunció la «fractura» social que causa la convocatoria al voto.A.P.

Con bastante poco respeto a lo que vendría ser el legado de Montesquieu sobre la división de poderes, el Gobierno español volvió a calificar ayer de inconstitucional la convocatoria de la consulta catalana. Quien lo tendrá que establecer, sin embargo, es el Tribunal Constitucional. Después de la traumática experiencia del Estatut, muy pocos en Catalunya esperan nada positivo de esta institución presidida por un hasta hace poco militante del PP, pero cabe reconocer a las autoridades catalanas el esfuerzo por ponerles difícil la suspensión de la consulta.

Así, la letra pequeña del Decreto 129/2014 combate en varios puntos el argumento estrella del Gobierno español para tildar de inconstitucional la consulta; a saber, que la Generalitat no tiene competencias para convocar un referéndum y menos para preguntar sobre la territorialidad del Estado.

Parte de la contraargumentación catalana se sitúa en el preámbulo de dos páginas del decreto, en el que se recuerda que la Generalitat «tiene atribuida la competencia exclusiva en materia de consultas populares en los términos que establece el artículo 122 del Estatut», una competencia desarrollada por la Ley de consultas que entró en vigor ayer, tras su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Se trata de un recordatorio reforzado en el artículo 2 del Decreto, en el que se lee que «el objeto de la consulta es conocer la opinión de las personas llamadas a participar en el futuro político de Catalunya (…), con la finalidad que la Generalitat pueda ejercer con pleno conocimiento de causa la iniciativa legal, política e institucional que le corresponde». Es decir, que no es un referéndum, sino que se trata de una consulta no vinculante que tiene como objetivo orientar la acción del Govern.

Este argumento liga con la principal estrategia esgrimida en el Decreto para tratar de salvar la constitucionalidad de la convocatoria, tal como recoge el preámbulo: «Entre los asuntos o materias que pueden ser consultadas en una convocatoria en todo el territorio de Catalunya, se encuentran aquellas, incluidas las de especial relevancia colectiva para el país, respecto a las cuales la Generalitat tiene la potestad de ejercer la iniciativa formal ante las instituciones del Estado, tal y como le reconocen los artículos 87 y 166 de la Constitución y el artículo 61 del Estatut». Es decir, dado que la Constitución española da a la Generalitat la capacidad de proponer reformas constitucionales, el Decreto argumenta que la Generalitat debe tener la capacidad de preguntar a sus ciudadanos sobre los cambios que la Generalitat pueda impulsar.

El president de la Generalitat, Artur Mas, concluyó la intensa jornada de ayer con una entrevista en directo en TV3, donde dejó entrever que mantendrá los preparativos de la consulta del 9 de noviembre aunque el Tribunal Constitucional (TC) decrete su suspensión cautelar. Cuestionado por la periodista Mònica Terribas, Mas señaló que «si la Ley queda suspendida y no directamente anulada, el Tribunal puede levantar la suspensión en cualquier momento y el Govern tiene que estar preparado».

Mas advirtió que se lo han puesto «muy difícil» al Tribunal Constitucional, aunque no se mostró demasiado optimista ante la posibilidad de una sentencia favorable por parte del alto tribunal. En cualquier caso, no quiso contemplar la hipotesis de que la consulta no se pueda realizar. Preguntado sobre qué haría entonces, se mantuvo en que llamará «a las fuerzas políticas y tomaremos las decisiones que sean necesarias» y dejó una metáfora marinera encriptada para la galería: «Nuestro barco es un velero y si se queda sin motor, desplega las velas y, por poco viento que haya, mantiene el rumbo». «No puedo añadir nada más», concluyó.

Tampoco quiso hablar en ningún momento de elecciones plebiscitarias, pero apuntó que «es básico que la consulta sea bien entendida y bien valorada por la comunidad internacional, la respuesta de la consulta debe ser nítida». Y sobre las posibles represalias que el Estado español pueda aplicar, el president pidió «capacidad de resistencia» y se mostró dispuesto a «asumir todos los riesgos».