La presidenta del tribunal, Ángela Murillo, ha rechazado la petición de los jóvenes de ausentarse de la sala durante la declaración de los policías como testigos y «peritos». 19 de los 28 acusados han denunciado haber sido torturados en comisaría.

Para protestar contra la obligación de escuchar a los agentes, los jóvenes permanecen con la cabeza entre las rodillas, la espalda doblada y las manos a la espalda.

Antes de entrar en la sala, los encausados, salvo los cinco que se hallan presos en cárceles madrileñas, han posado para los medios, algunos con carteles contra la tortura y otros con bolsas de plástico en la cabeza.

La jornada de hoy ha estado centrada en las declaraciones de los mandos policiales. El primero ha sido el agente que actuó como secretario de las diligencias, que es también jefe de la Brigada de Información de Nafarroa y que fue señalado por uno de los jóvenes, concretamente por Ibon Esteban, como uno de los policías que le maltrató. Se ha limitado ha señalar que firmó los informes incluidos en la causa, pero en muchas ocasiones ha eludido situarse como responsable de su elaboración, sin quedar claro quién fue el policía que hizo los documentos en los que se basa la acusación.

Se da la circunstancia de que buena parte de la tesis policial, la que habla sobre «instrumentalización» de colectivos como las gazte asanbladak, ya quedó descartada en la sentencia que absolvió a 40 jóvenes. Sin embargo, el agente se ha limitado a mantener esta teoría, sin aportar más datos. En su declaración, ha incurrido en varias contradicciones, como la de firmar una diligencia en Madrid cuando se encontraba en Burlata participando en un registro.

La segunda en declarar ha sido la instructora, que ha reconocido que la redada que dio origen a este juicio se origina a través de la operación de 2009, manteniendo sus acusaciones genéricas en base a la teoría del «desdoblamiento».

Un tercer policía ha cerrado los testimonios, que se reanudarán mañana a las 10.00.

«No estaremos en la misma sala»

Los jóvenes ya anunciaron hace ocho días que no querían estar «en la misma sala que nuestros torturadores». En una comparecencia celebrada en Loiola, Alaia Zaldibar, una de las procesadas, denunció que «pretenden que escuchemos las mentiras de los policías que nos torturaron durante cinco días». «No estamos dispuestas a ello y no estaremos en la misma sala que nuestros torturadores».

Esa actitud fue la que tomaron, también, los cuarenta jóvenes juzgados, y finalmente absueltos, este mismo año. En aquella ocasión el plante provocó que el tribunal les eximiese de la obligación de permanecer en la sala durante la declaración de los policías, dando así verosimilitud a sus denuncias de torturas, criterio que se vio ratificado en la sentencia absolutoria de junio.