Ángel Acebes, ex secretario general del PP y ministro del Interior en el momento en el que tuvo lugar la matanza del 11 de marzo de 2004 en Madrid, admitió ayer haber realizado gestiones para que personas afines a Génova participasen en la ampliación de capital llevada a cabo por Libertad Digital a finales de ese mismo año. «El responsable ha sido ETA», mintió Acebes aquel día, después de que Arnaldo Otegi ya hubiese descartado la autoría de la organización armada y el diario ultraderechista, lanzado por el locutor Federico Jiménez Losantos, mantuvo la tesis durante años. De hecho, este medio se convirtió en uno de los grandes difusores de la «teoría de la conspiración», que trataba de atribuir a ETA las bombas que mataron a 191 personas, reivindicadas por yihadistas como respuesta a la participación del Gobierno español en la guerra de Irak. Más de una década después, Acebes declaró ayer como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional española Pablo Ruz por autorizar, supuestamente, el uso de 400.000 euros procedentes de la contabilidad paralela de Génova para inyectar fondos en la expansión del diario digital. Junto a él, testificaron como acusados el extesorero, Álvaro Lapuerta, y Antonio Vilela, vinculado a la constructora Rubau, como participantes en la operación fraudulenta. También desfilaron ante el magistrado, en calidad de testigos, Alberto Recarte (entonces presidente de Libertad Digital) y los accionistas Alberto Dorrego y Borja García Nieto.
En su declaración, Acebes negó haber ordenado a ningún subordinado que comprase acciones de Libertad Digital e incluso aseguró desconocer la existencia de una «caja B» en Génova, pese a que en aquel momento era número 2 del partido. Además, aseguró que su labor al frente de la formación se ceñía al ámbito político, argumentando que las cuentas eran cometido de los tesoreros, con los que, según su versión, no tenía relación jerárquica. Según testificó, tanto Lapuerta como Luis Bárcenas dependían del Comité Ejecutivo, presidido por Mariano Rajoy. Una exculpación envenenada porque, sin citarlo expresamente, fija la mirada en el actual presidente del Gobierno español. Esta circunstancia llevó a Juan Moreno, abogado que representa la acusación popular de IU, a considerar que si Rajoy no ha desfilado todavía por la Audiencia Nacional es debido al cargo que ostenta.
Pese a su estrategia exculpatoria, Acebes sí que reconoció haberse reunido con Alberto Recarte, presidente de Libertad Digital, y trasladar sus demandas a otros correligionarios, entre ellos, Lapuerta. Es decir, eludió la imputación penal, pero admitió haber actuado como «facilitador» para un medio afín que llegó a calificarle como «el mejor ministro del Interior». «Creo que pidió que lo comentásemos con gente y es probable que lo comentara, con personas que ahora no recuerdo quién», declaró, negándose a responder a las acusaciones particulares.
También Aznar y Aguirre
Estas reuniones («un tema menor», según Acebes) fueron corroboradas ante el juez por el propio Recarte. De hecho, confirmó dos encuentros con el exsecretario general que se celebraron en setiembre y octubre de 2004. En ambas habría participado también Federico Jiménez Losantos, más interesado, según la versión del testigo, en centrar cuestiones políticas. Además del exministro del Interior, Recarte reconoció que, en el contexto de la ampliación de capital, mantuvo reuniones con José María Aznar, expresidente del Gobierno español y Esperanza Aguirre, que entonces dirigía la Comunidad de Madrid. Según fuentes presentes en el interrogatorio, en este no se hizo mención a ningún acuerdo explícito sobre la línea a seguir en relación al 11M, aunque la propia ampliación de capital apuntaba a la cercanía ideológica. Quedó fuera, por considerarse improcedente, la pregunta sobre si se pactaron concesiones de señal.
Previamente, Lapuerta se había limitado a leer un manuscrito en el que rechazaba declarar debido a su estado de salud pero admitía haber comprado las acciones (en su caso, por valor de 139.700 que luego se convirtieron en 209.550 cuando las vendió) por recomendación del partido. «En este entorno (del PP) se me pidió colaborar y las suscribí. No lo hice con fondos del partido», aseguró el extesorero.
Ni una pregunta sobre la sede del PP de Bilbo pese al auto judicial
En el auto de imputación de Ángel Acebes, el juez Pablo Ruz describía también cómo el PP financió con dinero negro la sede de la Gran Vía de Bilbo. Sin embargo, ayer no hubo lugar a ninguna pregunta sobre esta cuestión. Ni el magistrado ni la Fiscalía aprovecharon la presencia el exsecretario general en Génova durante los años 2004 y 2005 para interrogarle sobre los pagos del inmueble, que se extendieron entre noviembre de 1999 y el mismo mes de 2005, cuando Acebes estaba al frente de la formación. Tampoco las acusaciones pudieron formular sus preguntas, ya que el dirigente del PP se negó a contestar a estas partes. No es la primera vez que los abogados de las acusaciones particulares denuncian la posición del Ministerio Público, a quien acusan de no indagar lo suficiente y permitir que los acusados eludan buena parte de los asuntos pendientes.
Acebes sí fue interrogado sobre la sede de Génova. Rechazó tener responsabilidad en la obra y negó conocer al arquitecto, Gonzalo Urquijo. Acto seguido, el juez le mostró una fotografía en la que aparecía él mismo dando la mano a Urquijo. Acebes se escudó en que se trataba de una copa de Navidad y negó reconocerle A.P.
Rajoy escenifica un tardío «lo siento» y busca la foto con el PSOE, que se resiste
«Entiendo y comprendo la indignación y el hartazgo de los ciudadanos. Pido perdón en nombre del PP a todos los españoles por haber situado en puestos de responsabilidad a quienes no eran dignos para ellos». El presidente español, Mariano Rajoy, escenificó así su particular versión del «lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir» popularizado por el antiguo jefe de Estado, Juan Carlos de Borbón, después de romperse la cadera cuando se encontraba cazando elefantes en Botsuana. Lo hizo ayer en el Senado, donde la portavoz del PSOE, María Chivite, le preguntaba por pobreza, y Rajoy se salía por la tangente y aprovechaba para colar su mensaje de la «manzana podrida», asegurando que se trata de casos aislados que «extienden una sospecha generalizada». «Esa mancha ensucia injustamente la imagen y la reputación de la mayoría de las gentes de los partidos», insistió, mientras afeaba a Chivite su rechazo a sumarse a un «pacto contra la corrupción» que hace dos días se daba por hecho y que ahora el PSOE descarta. Durante el fin de semana, los medios españoles afirmaban que el acuerdo entre Génova y Ferraz estaba hecho. También, que había cargos cercanos a Pedro Sánchez que le avisaban de que no era una buena idea hacerse la foto ante el descrédito del bipartidismo y dentro de su estrategia de alejarse del PP. Por eso, se levantaron de la mesa. Ayer, sus máximos responsables negaban que el acuerdo estuviese cerrado y presentaron su propio proyecto contra la corrupción. Rajoy, sin embargo, advirtió que hará uso del rodillo y aprobará el proyecto en los términos planteados por el PP.
Previamente, la oposición había exigido la comparecencia urgente del presidente español en el Congreso en un pleno extraordinario que aborde la corrupción. Todavía no está claro que Rajoy vaya a dar la cara, aunque sí que parece que esta sesión se llevará a cabo. El jueves, después de la sesión, se ha convocado una Junta de Portavoces extraordinaria, con lo que será entonces cuando se conozca si, finalmente, hay monográfico. En caso de que el PP ceda, este podría tener lugar el miércoles. En realidad, poco se puede esperar más allá del habitual «y tú más» que iguala a Ferraz y Génova en debates sobre corrupción. A.P.
A la espera de que declare Granados
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco comenzará a interrogar a partir de hoy miércoles, a los presuntos miembros de la trama de corrupción desarticulada con la «operación Púnica», entre los que encuentra el exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados, según informaba ayer Europa Press citando fuentes jurídicas. El número de imputados oscila entre los 49, según fuentes de la investigación, y los 51 apuntados por la Fiscalía Anticorrupción. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 y la fiscal Anticorrupción Carmen García empezarán a interrogar previsiblemente a los miembros de la trama que tenían una menor relevancia para finalizar con los supuestos cabecillas de la red y los políticos implicados, a los que se acusa de cobrar comisiones de hasta el 2% y el 3% por ciento de cada contrato. Además de Granados, en la operación fueron arrestados el presidente de la Diputación de León y alcalde de Cuadros, Marcos Martínez; el exregidor de Cartagena José Antonio Alonso Conesa (PSOE) y los primeros ediles de seis municipios madrileños: Valdemoro, José Carlos Boza (PP); Parla, José María Fraile (PSOE); Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP); Casarrubuelos, David Rodríguez (PP); Collado Villalba, Agustín Juárez (PP); y Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández (UDMA).
La red de corrupción tejió su trama de adjudicaciones irregulares a cambio de comisiones con el ahorro energético de municipios, principalmente de la Comunidad de Madrid, donde fueron detenidos seis alcaldes. Fue la multinacional francesa Cofely, dedicada a dar soluciones energéticas en edificios e instalaciones, la principal adjudicataria de los contratos de los ayuntamientos para actuaciones de ahorro del consumo de luz y de emisiones de dióxido de carbono en el alumbrado público.
De esta forma, la red corrupta se podría haber beneficiado en cerca de siete millones de euros en cobro de comisiones.
Ante la certeza de que la operación se centra en el PP de Madrid, su presidenta, Esperanza Aguirre, reaccionó. «Muchos sentimos vergüenza de haber estado junto a estos siniestros personajes que han utilizado la política para enriquecerse», aseguró, para después asegurar que esta se incrementa cuando piensa que militaron en las «mismas siglas» que Gregorio Ordoñez, concejal del PP muerto en acción de ETA. GARA
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