Tras tomar declaración a 12 de los detenidos en la operación, el juez también ha dictado prisión bajo fianza de 25.000 euros para Antonio Cándido Ruiz, administrador de empresas de David Marjaliza, socio del exconsejero madrileño Francisco Granados, quienes pasarán mañana a disposición del juez.

Asimismo, ha dictado libertad bajo una fianza de 40.000 euros para el alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez (PP), y de 20.000 euros para Avelino Pérez, asesor de Izquierda Unida en la Concejalía de Sostenibilidad, Obras y Mantenimiento del Ayuntamiento de Parla, y les da diez días para pagar.

Ha dejado en libertad a los seis restantes, entre ellos el alcalde de Casarrubuelos David Rodríguez Sanz (PP), así como José Martínez Nicolás, consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

En su auto, el juez Velasco califica la red desarticulada como una «trama organizada con perduración temporal y reparto de roles» que logró obtener de manera irregular la adjudicación de «numerosos» contratos públicos que en algunos casos alcanzaron los 100 millones.

En la ejecución y facturación de estos contratos, indica el juez, «las autoridades municipales se han plegado a los intereses de los investigados hasta el punto de incurrir en facturación falsa, falsear informes técnicos que reflejarían actuaciones que en realidad no se han realizado o adjudicar trabajos sin contrato previo».

El juez explica que la trama se destapó gracias a la información que envió Suiza a las autoridades españolas sobre «varias cuentas» en un banco de ese país a nombre del exconsejero madrileño Francisco Granados y de su mujer, María Nieves Alarcón, así como de su socio David Marjaliza y la esposa de éste, Adela Cubas Navarro.

Tras realizar seguimientos y escuchas a estas personas, se dedujo que «los fondos aflorados en las cuentas suizas pueden proceder de conductas delictivas vinculadas a la promoción urbanística y la contratación administrativa».

«Las investigaciones realizadas han permitido cerrar el círculo de la operativa de blanqueo en la que el dinero colocado en Suiza retorna después a España tras pasar por varios países bajo la apariencia de diversas operaciones de exportación».

El dinero lo reunían a través de una «red de tráfico de influencias apoyada por un entramado empresarial que hace uso de su capacidad de influencia actuando como 'conseguidores' para terceras empresas a cambio de una comisión pactada, resultando tales empresas adjudicatarias de varios contratos».

Estos contratos son, detalla el auto, de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, del Instituto de Turismo y del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, de la Diputación de León y de múltiples ayuntamientos.