Según informa la Dirección General de la Policía española, la operación se ha llevado a cabo en Madrid, València, Alacant y Murcia contra empresas que no tenían actividad real, pero que declaraban realizar labores en sectores como la hostelería, la construcción, la mensajería, la limpieza y la jardinería.

Tras un estudio detallado de la documentación proporcionada por el Servicio de Prevención de los Delitos Económicos de la Tesorería General de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y las direcciones provinciales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, los investigadores concluyeron el carácter fraudulento de 95 sociedades mercantiles.

Estas empresas «ficticias», entidades físicas o jurídicas sin actividad laboral real y efectiva, eran utilizadas de forma instrumental para simular negocios jurídicos y contrataciones de supuestos trabajadores, a los que a cambio de dinero daban de alta en la Seguridad Social.

Los supuestos trabajadores conseguían acumular los mínimos periodos de carencia exigidos para acceder a prestaciones públicas del sistema de la Seguridad Social.

Asimismo, mediante la utilización de los falsos contratos, lograban las autorizaciones de residencia y trabajo para ciudadanos extranjeros.

Por el momento, los investigadores han esclarecido un total de 980 delitos de falsificación y estafa, han destapado un fraude de 10.666.627 euros y han arrestado a 235 personas e imputado a otras 377.