En varios autos, los jueces en los que han recaído denuncias de UPyD, PxC, la Falange y ciudadanos a título individual contra la consulta del 9N han desestimado, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, la medida cautelar que planteaban para retirar las urnas.

La Fiscalía abrió ayer diligencias de oficio por el uso de locales públicos para la celebración del proceso participativo del 9N, pero en sus informes de hoy a los juzgados de guardia el Ministerio Público se ha pronunciado en contra de la retirada de las urnas y la detención de los organizadores de la votación –como reclamaba UPyD–, por considerar que serían medidas desproporcionadas.

En Barcelona, el titular del Juzgado de Instrucción número 3, en funciones de guardia, ha admitido a trámite la denuncia presentada por UPyD pero ha desestimado las medidas cautelares que la formación solicitaba, porque a su juicio «no guardan proporcionalidad» ni hay en este momento «razones de urgencia o relativas al orden público que aconsejen su adopción».

En Tarragona, el juez de guardia ha descartado igualmente la retirada de urnas instadas por dos denuncias de particulares, pero ha ordenado a los Mossos identificar los locales públicos donde se celebra el proceso participativo y a las personas que hayan autorizado que la votación se pueda realizar.

En Badalona, el juez de guardia ha rechazado las medidas cautelares para impedir la votación que planteaba un particular y, en su auto, ha recordado que no consta que el Tribunal Constitucional, tras suspender la consulta, haya «producido petición de auxilio» ni indicado quién debe ejecutar su resolución.

En Mollet del Vallès, el juez de guardia ha acordado el sobreseimiento provisional de la denuncia que la han presentado esta mañana PlataformaxCatalunya y La Falange y, en consecuencia, ha descartado cualquier medida cautelar planteada en la misma, de acuerdo con la Fiscalía.