La querella, que se presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dada la condición de aforados de los denunciados, se dirige contra Mas, la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, y la consellera de Enseñanza, Irene Rigau.

El escrito que ultima la Fiscalía se podría dirigir también contra titular de la conselleria vinculada con la confección de las papeletas del 9N, elaboradas por presos de las cárceles catalanas, pero en principio no contra los responsables de los locales públicos donde se instalaron las urnas del proceso participativo, según las mismas fuentes.

La Fiscalía Superior de Catalunya está trabajando sobre un primer borrador de la querella que le ha remitido la Fiscalía General del Estado, en la que se barajan varios delitos por las responsabilidades penales que podrían derivarse de la intervención del Govern en la organización de la consulta del 9N, que fue suspendida por el Tribunal Constitucional.

Entre esos delitos que la Fiscalía estudia atribuir a Mas y a los consellers implicados figura el de «malversación de caudales públicos», dados los gastos que ha supuesto para la Generalitat la celebración del proceso participativo y sus preparativos.

El Ministerio Público cree que los miembros del Gobierno catalán contra los que se dirige la querella podrían haber incurrido además en un delito de «desobediencia», por haber asumido el liderazgo de la consulta pese a que había sido suspendida por el Constitucional, así como de «prevaricación».

Por el contrario, de la querella que se remitirá al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) quedarán excluidos en principio los responsables de los locales bajo cuya autorización se abrieron el pasado domingo los centros públicos donde se instalaron los puntos de votación de la consulta.

La Fiscalía abrió el pasado sábado diligencias de investigación en relación con el 9N y pidió a los Mossos d'Esquadra que identificaran a las personas responsables de los centros públicos que autorizaron su apertura para la celebración del proceso participativo.

Sin embargo, la policía catalana se limitó a remitir al ministerio público una carta de la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, en la que ésta afirmaba que no estaba en condiciones de facilitar esas identidades y subrayaba que el Govern asumía la responsabilidad por la apertura de los centros públicos.

«No hemos hecho nada ilegal»

El presidente de la Generalitat ha asegurado que él y su Ejecutivo están «muy tranquilos» ante las acciones de la Fiscalía porque «no hemos hecho nada ilegal». Asimismo, Mas ha aseverado que el Govern no ha recibido aún ninguna comunicación de la Fiscalía.