Xabier Mikel Errekondo ha recordado a Josu Muguruza, muerto a tiros hace 25 años en Madrid cuando acudía a recoger su acta de diputado, y a los 10.000 casos de denuncias de tortura contabilizados en las últimas décadas en Euskal Herria. El ministro español de Justicia, Rafael Catalá, enrocado en el discurso de que Madrid «cumple la ley», se ha aferrado a mensajes que chocan abiertamente con la realidad en materia de malos tratos, cumplimiento de las recomendaciones internacionales y acerca del proceso de detención de los miembros del régimen fascista de Francisco Franco.

«Tienen resoluciones para arrestar a 19 franquistas, entre los que se encuentran inspectores, comisarios y ministros. Seis resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar las torturas y que piden el fin de la incomunicación. El informe basado en el protocolo de Estambul que da veracidad a 45 testimonios de torturas», ha recordado el diputado abertzale, que ha finalizado con un «Josu, maite zaitugu». Catalá, por su parte, no se ha movido. Ha insistido en que «España es un Estado democrático y de derecho, que reconoce las leyes y cumple estricamente las sentencias». Ha asegurado que el TEDH ha acreditado en algunos momentos la no existencia de malos tratos en comisaría, lo que no se ajusta a la realidad ya que la labor de este tribunal es verificar si se investigaron o no los posibles tormentos, no certificar si estos ocurrieron. También ha asegurado que los informes de los relatores de la ONU «acreditan la transparencia», cuando todos estos documentos han instado a poner fin a la incomunicación por considerarla un agujero negro que facilita la vulneración de derechos de los detenidos. Finalmente, ha insistido en que «cumple las sentencias», señalando que acatará la relacionada con Beatriz Etxebarria pero sin explicar si se ha dado algún paso para investigar a sus torturadores.

Acto seguido ha intervenido Emilio Olabarria, insistiendo con los 19 franquistas que reclama Argentina y rebatiendo al ministro sobre el cumplimiento de las sentencias. Este, nuevamente, se ha aferrado a una versión incompatible con los hechos cuando ha asegurado que Interpol consideró la solicitud «política». Nuevamente, la realidad contradice al ministro, ya que fue el propio Gobierno español quien, aferrándose a una directiva de 2010, presentó una queja, lo que imposibilitó que la orden de detención se cursase con distintivo rojo, limitando el arresto al país emisor. Ha señalado también que todavía no se ha concretado la petición de extradición aunque ya ha avanzado el resultado, recordando que la Audiencia Nacional vetó la entrega de Jesús Muñecas y Antonio González Pacheco, ‘Billy el Niño’.