En el mismo instante en el que la Fiscalía General del Estado presentaba la querella contra el 9N en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, las asociaciones Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales ofrecían una rueda de prensa con motivo del Congreso de Derecho Penal que se celebra estos días en Barcelona. Las referencias a la querella han sido inevitables, empezando por el portavoz de los jueces progresistas, Joaquim Bosch, que ha calificado de «discutible» la base jurídica de la acción legal contra el president, Artur Mas y otros dos miembros del Govern.

Bosch ha explicado que «con toda cautela», cree que es «discutible que en este caso resulte de aplicación el Código Penal» y ha recordado que el delito de desobediencia «exige que se haya producido un requerimiento expreso» y que el acusado haya desobedecido dicho requerimiento. En este sentido, el juez ha recordado que «no hubo ningún requerimiento expreso por parte del Tribunal Constitucional, que decidió no hacerlo a pesar de que el Gobierno se lo reclamó».

El portavoz de la asociación de jueces ha señalado también que «hay que recordar que el TC no es un tribunal ordinario», de hecho, no forma parte del Poder Judicial, y que «no hay precedentes de desobediencia al TC».

Bosch ha añadido que le preocupa que «desde la política se haya presionado a la Fiscalía y se haya interferido en su labor» y ha subrayado que «los fiscales y los jueces no actuamos según criterios de oportunidad, sino de legalidad». «Quien piense que utilizando instrumentos penales y presionando a la Fiscalía solucionará un problema político, se equivoca», ha concluido Bosch, quien ha rechazado la posibilidad de que se tomen medidas cautelares como la suspensión de Mas.

También las ha descartado el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Álvaro García, que ha reconocido las discrepancias existentes entre los fiscales catalanes y los de Madrid, aunque lo ha situado en el marco de las habituales discusiones entre fiscales. En cualquier caso, García también ha cargado contra las presiones del PP y del Gobierno español: «La autonomía fiscal es una cuestión importante para el estado de derecho y no se ha respetado».