El juez Eloy Velasco ha ordenado el ingreso en prisión de Fran Balda, Javier Carballido y Jon Mintegiaga, arrestados en la redada del lunes junto a doce abogados, que han quedado en libertad con medidas restrictivas.

Aiert Larrarte, Ainhoa Baglietto, Atxarte Salvador, Kepa Manzisidor, Jaione Karrera, Ane Ituño y Alfontso Zenon han comparecido esta mañana ante el magistrado. Han sido trasladados a la Audiencia Nacional sobre las 9.50 en dos furgonetas de la Guardia Civil, tras su segunda noche en el cuartel de Tres Cantos, donde ayer se todos se negaron a declarar.

El fiscal ha pedido el ingreso en prisión de todos ellos, eludible bajo una fianza de 50.000 euros. Sin embargo, el juez Eloy Velasco no lo ha considerado necesario y ha decretado libertad sin fianza, aunque con medidas cautelares. A los siete les imputa delitos de «pertenencia o colaboración con organización terrorista», blanqueo de capitales y delitos de defraudación del IVA. Además de la retirada del pasaporte y comparecencias mensuales en el juzgado, les impone la prohibición de «realizar visitas organizadas a presos del entorno de ETA» por el colectivo de abogados, aunque podrán reunirse con sus representados de forma individualizada.

Carballido, Balda y Mintegiaga han comparecido por la tarde y en su caso el juez sí ha atendido a la petición de prisión de la Fiscalía.

Velasco les acusa de «continuar» con la labor de Herrira, organización cuyas actividades suspendió el mismo juez tras la operación policial de 2013.  

Las otras seis arrestadas en la operación, Onintza Ostolaza, Arantxa Aparicio, Haizea Ziluaga, Eukene Jauregi, Amaia Izko y Nagore San Martín quedaron ayer en libertad con cargos tras comparecer ante el juez Eloy Velasco. A las cinco primeras, abogadas, les mantiene la acusación de «integración o colaboración con organización terrorista, blanqueo de capitales y dos delitos de defraudación», mientras que a la última le imputa «pertenencia y financiación de organización terrorista, quebrantamiento de medida cautelar, fraude a la Seguridad Social, delito tributario y blanqueo».

«No se investigan delitos sino a abogados ejerciendo su labor profesional»

Jone Goirizelaia, una de las abogadas que ha asistido a los siete letrados que han sido puestos en libertad esta mañana, ha denunciado que el auto del juez Eloy Velasco evidencia que «no se estaba investigando ningún delito sino a abogados ejerciendo su labor profesional y esto es lo que se quiere impedir».

Según ha denunciado, la resolución demuestra «la total y absoluta inconsistencia de las imputaciones». Además, ha remarcado que «el auto no tiene relato de hechos y lo que dice es que les prohíbe el ejercicio de su actividad profesional». Con esto hace referencia a las restricciones impuestas por el magistrado a la actividad de los togados.

En concreto, prohíbe lo que denomina «visitas organizadas» pero sí que avala las entrevistas «concretas», un hecho sin precedentes y sin reflejo en la legislación española que provoca graves lesiones en el derecho a la defensa de los clientes de los abogados detenidos. «Nos indigna el hecho de que todo esto se haya llevado a cabo con una detención y un paso a disposición judicial que podía haberse evitado dada la actividad profesional de nuestros compañeros», ha remarcado.