La Audiencia Provincial de Madrid ordenó ayer reabrir el caso contra dos exdirectivos de Hacienda por haber permitido a cientos de evasores fiscales con cuentas en el banco HSBC regularizar su situación en 2010, en lugar de abrir el correspondiente procedimiento de comprobación e investigación. La resolución se adoptaba al día siguiente de que Hervé Falciani, autor de la filtración, denunciara las leyes de amnistía del Estado español para proteger a los defraudadores.
En un auto, la Sección Primera de la Audiencia emplaza al Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid a admitir la querella presentada por el Sindicato de Técnicos de Economía y Hacienda (Gestha) contra la exdirectora del Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT y contra el exdirector del Departamento de Inspección por un supuesto delito de prevaricación administrativa.
El sindicato denunciaba que cuando Hacienda conoció que «destacadas personas» tenían cuentas con elevados fondos en el HSBC de Suiza a raíz de que su extrabajador Hervé Falciani proporcionara sus nombres a las autoridades francesas, optó por enviarles un requerimiento para que en diez días presentasen declaraciones complementarias por el IRPF y, en su caso, por el impuesto de patrimonio.
Así, se permitió que sus posibles delitos fiscales no pudieran ser castigados, en lugar de abrir el correspondiente procedimiento de comprobación e investigación conforme a las pautas de actuación de la AEAT, por las que si la administración entiende que existían indicios de delito deberían ponerlo en conocimiento de la Fiscalía o de la autoridad judicial.
Sin embargo, el juzgado de primera instancia decidió archivarla en agosto de 2013 porque, sostenía, debe existir una «resolución administrativa» para apreciar un delito de prevaricación, y la comunicación que enviaron los responsables para informar a los delegados regionales de cómo proceder con los evasores no cumplía ese requisito.
La Audiencia cree, por el contrario, que sí lo cumple porque esa comunicación fue «un acto administrativo que supone una declaración de voluntad de contenido decisorio y que afecta a los derechos de los administrados o a la colectividad en general».
Esta amnistía fiscal no afectó a los territorios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, donde los 150 contribuyentes que tenían cuentas en la filial suiza del HSBC tuvieron que regularizar su situación con las haciendas vascas, una vez estas recibieron la información por parte de la Agencia Tributaria en el año 2011.
Aunque no ha trascendido la identidad de estos 150 titulares de cuentas en Suiza, «El Confidencial» daba cuenta el jueves de la identidad del primer vasco de la «lista Falciani», el vizcaino José María Echevarría y Arteche, presidente del Comité Olímpico Español entre 2002 y 2005, ex director general del Banco Bilbao Vizcaya y en la actualidad presidente de la Fundación Adecco.
Según este medio, Echevarría, nacido en Getxo en 1932, mantuvo cuentas en Suiza desde 1999 hasta al menos 2007 y el depósito contaba con 131.038 dólares. También constaría en esos documentos un hijo del titular con acceso a estas cuentas.
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