Cinco Relatores miembros de los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los derechos humanos, han advertido al Estado español de que rechace los proyectos de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y del Código Penal, ya que «amenazan con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos».

«Confiamos en que España adopte todas las medidas necesarias para garantizar, en la legislación nacional, el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas de conformidad con los estándares internacionales», señalan en referencia a los proyectos de reforma del Código Penal relativos a los delitos de «terrorismo» y de desórdenes públicos y de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que se encuentran actualmente en trámite de enmiendas en el Senado.

Los expertos de la ONU recuerdan que el derecho a manifestarse pacíficamente y expresar colectivamente una opinión «son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática».

«Nos preocupa que las propuestas de reforma puedan ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España», indican.

Vulnera la esencia del derecho de reunión pacífica

El Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación, Maina Kiai, denuncia que en su redactado actual, el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana «vulnera la propia esencia del derecho de reunión pacífica, pues penaliza una amplia gama de actos y conductas esenciales para su ejercicio», limitándolo «marcadamente».

«Dicho proyecto de ley restringe de manera innecesaria y desproporcionada libertades básicas como es el ejercicio colectivo del derecho a la libertad de opinión y expresión en España», añade el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye.

En cuando a la reforma del Código Penal, los cuatro expertos de Naciones Unidas precisan que el texto «incluye definiciones amplias o ambiguas que abren el campo a una aplicación desproporcionada o discrecional de la ley por parte de las autoridades» y citan como ejemplo que se trate como «circunstancia agravante el hecho que una serie de delitos pudieran ser cometidos en el contexto de una ‘reunión numerosa’».

«Se busca dar una base legal a este nuevo tipo de ‘circunstancias agravantes’ para aumentar la pena automáticamente en casos de manifestaciones. Esto es contrario al Derecho internacional ya que podría tener un efecto disuasivo sobre el ejercicio de la libertad de manifestación pacífica», recalca Maina Kiai.

Además, alertan de que el proyecto también propone castigar con prisión o multa quienes difundan públicamente mensajes o consignas que inciten a la comisión de delitos de alteración del orden público o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo. Para el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de expresión, David Kaye, «la redacción de la ley conlleva serios problemas y, tal como están definidos los delitos, podría criminalizar quienes convoquen a manifestaciones pacíficas».

«Terrorismo: definición excesivamente amplia e imprecisa»

Por otra parte, los expertos señalan que la definición de los delitos de «terrorismo» y las disposiciones relativas a la criminalización de los actos de «incitación y enaltecimiento» o «justificación del terrorismo» son «excesivamente amplias e imprecisas».

«Tal como está redactada, la Ley Antiterrorista podría criminalizar conductas que no constituirían terrorismo y podría resultar entre otros en restricciones desproporcionadas al ejercicio de la libertad de expresión. El proyecto de ley podría además permitir abusos en los controles y retiro de información disponible en internet», denuncia Kayne.

En el informe han participado además de Kayne y Kiani, el Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Ben Emmerson; y el Relator Especial sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos, Michel Forst. Cuentan además con el respaldo del Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes, François Crépeau, según informa el Alto Comisionado.

«Esperamos que tengan en cuenta estas observaciones»

Rights International Spain (RIS), que viene trabajando para evitar que ambas normas vean la luz en su redactado actual por considerar que vulneran derechos fundamentales en diversos ámbitos, se había dirigido entre otros organismos a algunos de los relatores especiales de Naciones Unidas que se pronuncian ahora en este escrito advirtiendo del contenido de las iniciativas legislativas del Gobierno español.

«Desde la ONU se respaldan muchos de los reclamos de RIS y de tantos otros colectivos defensores de los derechos humanos en España con los que venimos trabajando de manera conjunta. Sin duda, este es un paso importante, y esperamos que el Gobierno y el poder legislativo tengan en cuenta estas observaciones, dando así cumplimiento a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos», ha señalado la directora Ejecutiva de RIS, Lydia Vicente.