Las reacciones políticas al auto dictado ayer por el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Gasteiz, Roberto Ramos, en el que se pone fin a cinco años de investigación de esta trama dedicada presuntamente al cobro de comisiones ilegales y a obtener contratos públicos de forma irregular.

En su resolución, el juez mantiene la imputación contra 26 personas, nueve de ellos exdirigentes y antiguos cargos del PNV, a los que se suman cuatro familiares suyos y personas afiliadas o afines a esta formación.

Los hechos podrían ser constitutivos de once delitos, entre ellos prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.

A la vista de este auto, EH Bildu ha puesto en duda que el principal acusado, el exdirigente del PNV en Araba y exdiputado foral Alfredo De Miguel actuase sin el conocimiento del partido.

La coalición ha pedido, además, la destitución inmediata de uno de los 26 imputados en el caso, Josu Montes, como miembro del Consejo Asesor de Planeamiento Urbanístico de Bilbo, «nombrado a dedo por el PNV», porque representa en este órgano a la Fundación Naturgintza, que no tiene actividad desde 2006 y que está implicada también en la trama de corrupción, por lo que debe ser apartada y sustituida por otro colectivo «realmente relacionado con el medio ambiente».

Para EH Bildu, el auto judicial demuestra que existe una «película interminable» de corrupción e irregularidades a las que hay que poner fin y ha rechazado que el PNV diga que esta resolución podría responder a intereses políticos al haberse dictado a poco más de dos meses de las elecciones, porque la Justicia lleva sus ritmos y es ahora cuando han concluido las investigaciones.

No solo el PNV sospecha como ya dijo ayer del interés político del caso, sino que el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, ha considerado «curioso» el momento en que se ha emitido este auto.

Urkullu ha recalcado que el PNV fue «ejemplar» en su actuación contra los cargos de su partido imputados en este proceso, porque en cuanto se produjo la imputación de Alfredo De Miguel en 2010 se quiso zanjar cualquier vinculación con el partido y se tomó la decisión «dolorosa» de que este renunciara a su cargo de diputado foral y de que todos los imputados entregaran su carné de afiliados.

Ante esta «judicialización de la política», Urkullu ha reivindicado «la presunción de inocencia», el «esclarecimiento de los hechos» y la «diligencia en los procesos judiciales».

Dirigentes del PP, por su parte, creen que la presunta trama de corrupción del PNV en Araba «no era una isla en la manera de actuar» de este partido en el conjunto de la CAV y que este caso podría quizás «estar pasando en otros territorios».

Por ello piden que se cuantifique el dinero que se llevaron «los que metieron la mano al cajón», se exija su devolución, se reclamen responsabilidades políticas al PNV y que el lehendakari detalle qué medidas pondrá en marcha para que esto no vuelva a ocurrir, como pidió la comisión de investigación creada en el Parlamento de Gasteoz.

Menos contundente ha sido el PSE, cuya secretaria general, Idoia Mendia, cree que este caso demuestra que «Euskadi no es un oasis sin corrupción», como «ha afirmado muchas veces el PNV».

Ha pedido a instituciones y partidos que colaboren con la Justicia para que este asunto «se aclare de forma rápida» y ha recordado que «fue una particular» la que presentó la primera denuncia contra esta trama, por lo que ha rechazado que haya un «impulso político» en el caso.

Para UPyD, «en Euskadi la casta es el PNV», que «ha hecho y deshecho a su antojo» como se trasluce del auto judicial, donde se ve que este partido «se ha dedicado desde hace muchos años a favorecer a sus amigos, a sus militantes y simpatizantes».

Mientras continúan las reacciones, el fiscal, el Gobierno Vasco, la Diputación de Álava y los abogados de los 26 imputados estudian ahora si recurren el auto judicial que pone fin a la instrucción.

Fuentes personadas en el caso han precisado a Efe que el procedimiento se podría prolongar al menos hasta fin de año antes de que se pueda fijar fecha de juicio, ya que una vez que se resuelvan los recursos al auto si se presentan, las partes tienen que elaborar sus escritos de calificación e incluso pueden solicitar nuevas pruebas.