En una entrevista concedida a Europa Press, Erkoreka ha destacado que «el inmovilismo» de Sortu «es un problema que impide avanzar en el desarme, en la lectura crítica del pasado y en el reconocimiento del daño injusto causado», pero señalado que quiere ser «optimista» sobre la posibilidad de que la interlocución fructifique. «La última oferta del PNV puede ser útil para articular una salida razonable a esta cuestión», ha afirmado.

A su juicio, «es necesario de que la izquierda abertzale haga una lectura crítica de su pasado, que arranca de un compromiso asumido por el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, en el Parlamento vasco en el mes de septiembre del año pasado. Por tanto, es un compromiso de la propia izquierda abertzale que hasta la fecha no ha cuajado en nada factible».

Por ello, cree que Sortu «debe un cambio de posición», no solo a los partidos políticos, sino a la sociedad vasca, «que se lo exige porque se comprometió a hacerlo. A partir de ahí, confío en que las relaciones entre partidos políticos puedan dar frutos positivos en relación con esta cuestión».

«La ponencia está bloqueada claramente por motivos conocidos y claros y, si su cambio de criterio, su crítica al pasado, la autocrítica que se comprometieron a hacer, contribuye a desbloquear la ponencia de paz y convivencia, el objetivo estará cumplido. Espero que todo lo que hagan a partir de ahora contribuya a que eso se pueda cumplir», ha insistido.

En todo caso, ha asegurado que la rebaja del ‘suelo ético’ no es posible porque «descansa sobre cimientos sólidos y claros. Su rebaja no sería aceptada por la sociedad vasca. Por tanto, la izquierda abertzale conoce cuáles son esos cimientos, sabe cuáles son los pasos que tiene que dar para alcanzar el objetivo que perseguía y al que dijo que aspiraba, que es desbloquear la ponencia de paz».

Ha destacado que el Gobierno de Lakua ya realizó su planteamiento para «dar por cerrada la etapa de la violencia de ETA y para ir recomponiendo la sociedad» en su Plan de Paz y Convivencia. En este sentido, ha recordado que el documento recoge los pasos a dar, que comienza por «hacer efectivo el fin ordenado de ETA y su desarme, y después, ir recomponiendo la convivencia en Euskadi sobre bases del respeto mutuo, de la crítica del pasado y de reconocimiento del daño causado».

El portavoz del Ejecutivo ha subrayado que el «inmovilismo» de la izquierda abertzale «es un problema» que «impide avanzar» en cuestiones tan «importantes para aliviar las tensiones en el ámbito penitenciario, la de que los presos se vayan acogiendo progresivamente a los beneficios penitenciarios ordinarios previstos en la legislación».

El papel del Gobierno español

También ha admitido que no han encontrado la «complicidad» por parte del Gobierno español para trabajar «de la mano» en esta materia, cuando «era imprescindible trabajar concertadamente para avanzar en este terreno».

En esta línea, ha señalado que «la normalización del régimen penitenciario se encuentra con la rigidez que impone, por un lado, el inmovilismo del Gobierno central, que está aplicando la misma política penitenciaria que cuando ETA seguía activa, y por otra parte, con una actitud enquistada, de bloqueo de la izquierda abertzale, que no abandona sus presupuestos tradicionales».

«El Gobierno vasco se reafirma en los principios recogidos en el Plan de Paz y Convivencia en relación con este asunto y hace valer, una vez más, la importancia que tienen las previsiones que se recogen, tanto en relación con la necesidad de flexibilizar la política penitenciaria, como en la labor que corresponde a los propios presos de ETA de reconocer el daño injusto causado, acogiéndose a los beneficios penitenciarios ordinarios que recoge la legislación penitenciaria», ha destacado.

En su opinión, «en esto se está avanzando poco y, sin embargo, se están haciendo esfuerzos en cuestiones paralelas que no van al fondo de la cuestión» y no resuelven «las cuestiones que existen en este momento», en alusión a las peticiones de acercamientoante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria y a su denegación por la Audiencia Nacional.

«Consideramos que el fondo de la cuestión no está ahí, sino en el cambio de rumbo de sus actitudes que tiene que presidir el futuro, tanto por parte del Gobierno central como por los presos», ha indicado.