Las organizaciones sindicales y sociales, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE, HIRU, EKA y la plataforma de pensionistas de Euskal Herria han sido aceptados como acusación particular en la causa que se sigue en un juzgado de Bilbo tras la denuncia de la Fiscalía por los pagos al exdelegado del Gobierno español en la CAV Mikel Cabieces por parte de Kutxabank.

«Queremos que la ciudadanía vasca tenga la posibilidad de aportar cuantos datos consideren de relevancia para evitar que este fraude se perpetúe impunemente y para que estas actuaciones fraudulentas no se puedan realizar en el futuro», han apuntado en un comunicado.

Asimismo han exigido que se dé marcha atrás «de inmediato» a la liquidación de las cajas vascas y la privatización de Kutxabank, «reforzando el carácter público y social de estas entidades para cortar de raíz estas actuaciones contrarias a los intereses de trabajadoras y trabajadores, ahorradores y sociedad vasca en general».

De esta forma, estarán mañana como acción popular en la primera declaración como imputados de los tres acusados, el propio Cabieces, el anterior presidente del banco, Mario Fernández, y el abogado Rafael Alcorta, a través de cuyo despacho Cabieces cobró de Kutxabank.

Se les acusa de los presuntos delitos de falsedad documental y apropiación indebida, por los pagos de 243.000 euros en tres años de Kutxabank a Cabieces cuando dejó de ser delegado del Ejecutivo español.