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La juez descarta el fraude a la Administración pero ve otros delitos en el ‘caso Hiriko’

El fiscal acusa a seis empresarios de malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude de subvenciones públicas, apropiación indebida, blanqueo de capitales y fraude a la administración. La juez ha decidido sobreseer de manera provisional la causa por este último delito.

El coche Hiriko, cuando se presentó en Bruselas en enero de 2012, con Jesús Echave, Javier de Andrés, Javier Maroto y José Manuel Durao Barroso. (Georges GOBET/AFP)
El coche Hiriko, cuando se presentó en Bruselas en enero de 2012, con Jesús Echave, Javier de Andrés, Javier Maroto y José Manuel Durao Barroso. (Georges GOBET/AFP)

La magistrada titular del ‘caso Hiriko’ ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto al fraude a la administración al entender que la acusación «resulta insostenible».

La Fiscalía de Araba presentó el pasado 16 de febrero una querella criminal contra seis empresarios «sin experiencia» en la fabricación de automóviles y al menos dos vinculados al PNV «por haber ideado un plan para apropiarse de fondos públicos» con el pretexto de diseñar un coche eléctrico bajo la marca Hiriko.

La querella, que fue admitida a trámite el pasado 19 de febrero, está dirigida contra Jesús Echave, Fernando Achaerandio, Francisco Javier Calera, Iñigo Antia, José Luis Bengoechea y José Barreira.

A todos ellos el fiscal les acusa de los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude a la Administración, fraude de subvenciones públicas, apropiación indebida y blanqueo de capitales.

Ahora, la magistrada acuerda sobreseer de manera provisional el citado delito de fraude a la Administración en un auto contra el que cabe recurso de reforma y apelación por las partes.

El Parlamento de Gasteiz pide a Lakua que se persone como perjudicado

Todos los grupos de la Cámara, a excepción del PNV que se ha abstenido, han apoyado una enmienda para que el Gobierno de Iñigo Urkullu se persone como perjudicado en al querella puesta por la Fiscalía.

Asimismo, han instado a emprender cuantas medidas sean necesarias para recuperar los fondos públicos concedidos por esta Administración de los que se hizo «un uso no permitido», si así lo determina una sentencia judicial.