Acompañados por Maroto, representantes de la plataforma Ayudas+Justas han entregado en el Parlamento de Gasteiz las 41.108 firmas que han recogido para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular que endurezca el sistema de acceso a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), entre otras prestaciones sociales.

En declaraciones a los medios, el alcalde de Gasteiz ha asegurado que el «refuerzo en las urnas es necesario para que este trabajo termine» y las firmas recogidas «no vayan a la papelera». «No me queda más remedio que pedirlo, así de claro y así de explícito», ha añadido. 

Maroto ha acusado al resto de partidos de querer «pasar de puntillas» por este debate y de «tener miedo» a decir en público lo que, según él, le admiten «a escondidas».

Esta plataforma se ha visto rodeada de polémica desde su surgimiento, puesto que estuvo precedida por las críticas de Maroto a las personas de origen magrebí, a las que acusó de «vivir de las ayudas sociales». Además, el portavoz inicial de la plataforma, Patxi Gómez, tuvo que dimitir poco después de asumir el cargo, al revelar GARA que estaba siendo investigado por cobros indebidos del paro e impagos a la Seguridad Social.

Este viernes, tras la entrega de las firmas, Maroto ha insistido en la necesidad de modificar la normativa de la RGI para combatir el supuesto «fraude».

Los datos correspondientes a los tres últimos años indican que las «irregularidades» atribuibles a conductas de los perceptores de la RGI y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) sumaban 20,8 millones de euros en los tres últimos años, lo que supone un 1,6% del presupuesto total de estas prestaciones durante ese periodo, que asciende a 1.313 millones.

Dentro de esos 20,8 millones, existen distintos tipos de «irregularidades», de las que la suma de las que pueden calificarse como «fraude» por parte de los perceptores apenas asciende a 3,8 millones de euros. Esta cifra supone un 0,3% del volumen total de estas ayudas durante los tres años analizados.