En comparecencia en Bilbo, Zenon ha destacado «el régimen de aislamiento» al que está siendo sometida Zulueta y ha detallado que tanto ella como Enparantza llevan un año y cuatro meses en prisión sin haber sido juzgados, lo que representa «una auténtica barbaridad jurídica», ya que en 2010 ambos estuvieron encarcelados por los mismos delitos de los que ahora se les acusa y la Audiencia Nacional española resolvió su puesta en libertad provisional.

«Se pisotean así los derechos y las garantías básicas del orden procesal penal», ha afirmado tras calcular que con la suma de ambos procedimientos Arantza Zulueta llevaría más de dos años en prisión provisional.

En concreto, la Fiscalía les imputa «coordinar y controlar al colectivo de presos EPPK», así como por haber ejercido labores de mediación con ese grupo.

A día de hoy, Zulueta permanece encarcelada en Estremera, mientras Enparantza está preso en Alcalá. 

Ha denunciado que Zulueta «sufre un brutal régimen de aislamiento carcelario» porque, según se le notificó, «mantiene su vinculación con una organización terrorista no disuelta», lo cual, a juicio de Zenon, «vulnera su derecho a la presunción de inocencia»ya que esa supuesta vinculación no está probada.

Además, ha descrito, Zulueta padece «cacheos integrales», «absolutamente desproporcionados y arbitrarios», incluso después de que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria estimara de esos cacheos «vulneran los derechos fundamentales».

Por todo ello, ha pedido a partidos y agentes sociales vascos que «muestren su apoyo a EPPK» ya que su participación será «clave en la resolución del conflicto», y pidan la puesta en libertad de ambos letrados.

«Fabricar pruebas»

Zenon ha opinado que «el Gobierno español, a través de la Fiscalía y con ayuda de jueces afines de la Audiencia Nacional, mantienen en prisión» a Zulueta y Enparantza, «de una forma injusta y desproporcionada, en base únicamente a criterios políticos» ya que «no existe ningún criterio jurídico» para que sigan en la cárcel.

«Les mantienen secuestrados y son chivos expiatorios» de un Gobierno «que lo único que pretende es hacer naufragar cualquier actuación en pro de la resolución del conflicto» y que puede incluso «fabricar pruebas o aplicar ingeniería jurídica para seguir manteniéndoles en prisión», ha concluido.