La conocida como Ley ;ordaza ha entrado en vigor este 1 de julio. La medida, que ha provocado el rechazo de gran parte de la población y organizaciones sociales, con moviizaciones en todo el Estado español, también fue censurada por toda la oposición del Congreso.

Impedir un desahucio, «alterar gravemente el orden público» en las proximidades del Congreso, escalar un monumento, acampar en la vía pública u ocupar una entidad bancaria serán a partir de hoy motivo de sanción, con multas que oscilarán desde los 100 a 600.000 euros.

Y aunque ha sido suavizado en su tramitación parlamentaria, rebajando incluso la gravedad de algunas conductas que sanciona, la ley salió adelante finalmente en las Cortes españolas con el solo apoyo del PP, el anuncio de derogación si otros partidos llegan al poder y con un recurso ya presentado de inconstitucionalidad.

La misma ley acepta la legalización de las llamadas «devoluciones en caliente» de migrantes a través de una disposición adicional que modifica la Ley de Extranjería. Pese a las críticas, ayer mismo el ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, defendió la norma y apuntó que «solo debe preocupar a violentos». No satisfecho, restó importancia a las protestas. «Con todos los respetos, me merecen más crédito los informes de esos órganos institucionales, que consideraron la plena constitucionalidad del texto, que la opiniones de algunas personas que están fundamentadas en unas concepciones de la convivencia pacífica y del ejercicio del derecho de reunión y manifestación que distan mucho de lo que determina la Constitución y el ordenamiento jurídico».

44 conductas sancionadas

La ley sanciona 44 conductas, cuatro calificadas de muy graves, con multas de 30.001 a 600.000 euros y que prescriben a los dos años. He aquí algunas: Manifestarse sin comunicarlo en lugares «críticos» como centrales nucleares o aeropuertos, «invadirlos» o sobrevolarlos; fabricar, traficar y poseer ilegalmente armas reglamentarias y explosivos; celebrar espectáculos públicos o actividades recreativas cuando han sido prohibidos con anterioridad; y deslumbrar con dispositivos tipo láser a conductores de tren, metro o pilotos.

Entre las 23 conductas graves, con multas de 601 a 30.000 euros y que caducan al año, están las manifestaciones ante el Congreso, el Senado o parlamentos autonómicos, aunque estos no tengan actividad; impedir desahucios, desobediencia a la autoridad o negativa a identificarse; consumir drogas en lugares públicos; y una de las que más revuelo ha montado, el uso de imágenes de poicías.

Y entre las 17 leves, con multas de 100 a 600 euros, las «faltas de respeto» a agentes policiales; deslumbrar con láser a policías; ocupación de lugares públicos; perder el DNI tres veces o más; beber en la vía pública o escalar edificios o monumentos.