Decenas de colonos judíos se han hecho fuertes en los últimos días en ese asentamiento para protestar contra las demoliciones, ordenadas en una sentencia dictada el pasado día 24 por el Tribunal Supremo israelí, que este miércoles ha ratificado su decisión.

Se trataba de inmuebles parcialmente construidos en tierras privadas palestinas, consideradas por la justicia israelí ilegales.

De acuerdo con la legislación internacional, es ilegal cualquier construcción para uso civil en los asentamientos israelíes instalados en el territorio ocupado en la Guerra de 1967.

Miembros del Ejecutivo israelí (en particular los pertenecientes al partido Hogar Judío) han amenazado con abandonar la coalición dejando al primer ministro, Benjamín Netanyahu, en minoría parlamentaria.

Asimismo, le exigían que diera luz verde a un proyecto de edificación anunciado años atrás en diferentes parcelas de Bet El en compensación por las demoliciones.

«Después de consultas en la Oficina del Primer Ministro se ha aprobado la edificación inmediata de 300 viviendas en Bet El, cuya construcción fue prometida hace tres años por el Gobierno de Israel a raíz del traslado de inmuebles de (la colonia) en la colina de Ulpana», ha informado el citado departamento.

La nota precisa que Netanyahu ha ordenado asimismo la venta de 91 viviendas ya construidas en la colonia de Pisgat Zeev (al norte de Jerusalén) y la planificación de otras 24 en el mismo emplazamiento, además de 330 en Ramot, 70 en Guiló y 19 en Har Homá, todos ellos en el territorio palestino ocupado de Jerusalén Este.

Por la tarde, la Oficina del jefe del Ejecutivo ha respondido a las críticas vertidas por los sectores más radicales, incluidos miembros de su propio gabinete.

«Israel es una democracia. Respeta la ley que ha sido dictada por el Tribunal Supremo. Así ha sido y así será», ha señalado un escueto comunicado.

La propia titular de Justicia, Ayelet Shaked, de Hogar Judío, manifestaba el lunes que el estado no tenía intenciones de destruir los edificios en la colonia judía pese al dictamen de la máxima instancia judicial.

El fallo judicial obligaba al Gobierno a demoler los dos edificios que albergaban 24 viviendas, después de que el Ejecutivo hubiera pedido su legalización retroactiva.

Los dirigentes de extrema derecha, apoyados por colonos, llevaban meses presionando al actual Ejecutivo para que acelerarla los planes de construcción en los asentamientos de Cisjordania y Jerusalén Este, medida que tanto los palestinos como la comunidad internacional consideran un obstáculo.

Medios locales indican que detrás de la decisión se esconden las fuertes presiones que ha ejercido el ministro de Educación y líder de Hogar Judío, Naftalí Benet, que en una visita a Bet El pidió al Ejecutivo llevar a cabo una política acorde con la ideología nacionalista.

«Ha llegado el momento de que el Gobierno nacionalista lidere con la ideología por la que ha sido elegido y no siga el camino de la izquierda», afirmó Benet.

Las críticas desde la oposición no se han hecho esperar y el exministro Yair Lapid, ha dicho tras lo sucedido este miércoles que «Netanyahu ha vendido el país a los extremistas».

Los colonos han recibido el veredicto con indignación y han protagonizado disturbios con la Policía tras violentos choques registrados en el lugar el martes, especialmente después de que una excavadora comenzara a demoler el primero de los edificios.

Los manifestantes arrojaron piedras, mesas y todo tipo de objetos contundentes a su alcance contra los operarios y agentes de policía que custodiaban el lugar, en unos disturbios sin precedentes desde hace años.

Por otra parte unas 250 personas, entre ellos antiguos colonos, tomaron el martes viejas estructuras en el antiguo asentamiento de Sanur, en el norte de Cisjordania y evacuado hace una década por las fuerzas de seguridad israelíes, donde pasaron la noche, informan medios locales.