El PP ha registrado hoy una proposición de ley urgente en el Congreso para que el Tribunal Constitucional tenga capacidad sancionadora si se incumplen sus sentencias.

La propuesta de reforma de la ley del Tribunal Constitucional ha sido presentada por el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernand, y el candidato del PP a la presidencia de la Geenralitat, Xavier García Albiol, quien ha destacado esta medida será «la garantía» de que «nadie va a aprobar la independencia de Catalunya».

La iniciativa, que pretende modificar los artículos 83, 87, 92 y 95 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, persigue que esa instancia judicial pueda sancionar a las autoridades o personas que incumplan sus resoluciones, e incluye la posibilidad de suspenderlos en sus funciones y multas que oscilan entre los 3.000 y los 30.000 euros.

Aunque el Senado está debatiendo la reforma de la Ley del TC para recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad ante reformas estatutarias, el PP ha presentado esta otra reforma separadamente, pero con idea de que se aprueba antes de la disolución de las Cortes españolas.

Los planes del PP son que la proposición de ley se tramite en el Congreso por el procedimiento de urgencia (acortando todos los plazos) y en lectura única, sin pasar por ponencia ni comisión. De esta manera, se pretende que el pleno del Congreso vote la toma en consideración de esta proposición la semana del 14 de setiembre y después vote el texto legislativo el 29 de setiembre, dos días después de las elecciones catalanas. De ahí irá al Senado con tiempo para su aprobación definitiva antes de convocar las elecciones a las Cortes.

García Albiol ha asegurado que la proposición de ley es la «garantía de que nadie pueda incumplir las resoluciones del TC y va «en contra de aquellos que «pretenden saltarse las reglas del juego», no respetan las decisiones de los tribunales y quieren «romper» Catalunya.

Por su parte, Hernando ha manifestado que en los últimos años se han visto situaciones de «desacato» e incumplimiento de las sentencias del TC, y esto «se tiene que acabar». Ha asegurado que la iniciativa no es ni «oportunista ni coyuntural», sino que tiene «verdadera vocación de futuro» para «suplir algunas lagunas».