Es verdad que en el debate no estuvieron los primeros espadas, que la temática invitaba a ello –«Un modelo económico para Catalunya» fue el título de la tertulia– y que el moderador, el periodista Antoni Bassas, ayudó y mucho a que fuese así, pero no deja de ser destacable que ayer Catalunya vivió el primer debate más o menos razonable sobre las consecuencias de la independencia. En el encuentro organizado por el diario ‘Ara’ y la Cambra de Comerç de Barcelona, PP y Ciutadans dejaron por un día atrás la trinchera de la Constitución y trataron de razonar por qué creen que la independencia es mala para Catalunya. No es poco, el unionismo podría haber entendido que las leyes no bastan para frenar la demanda democrática de una mayoría social. Pero veremos, lo de ayer solo fue un indicio.

En la sede de la Cámara barcelonesa se dieron cita Germà Bel (cabeza de lista de Junts pel Sí en Tarragona), Josep Manel Busqueta (número tres de la CUP), Joan Coscubiela (número tres de Catalunya Sí que Es Pot), Inés Arribadas (cabeza de lista de Ciutadans), Miquel Iceta (cabeza de lista del PSC), Enric Millo (cabeza de lista del PP en Girona) y Roger Montañola (número cuatro de Unió). Y encima de la mesa, tres temas que obligaban a ir más allá de la trinchera constitucional: la financiación de Catalunya –ya sea como comunidad autónoma o como estado independiente–, las infraestructuras y las pensiones.

A partir de aquí, el desarrollo del debate fue el previsible. La noticia fue, precisamente, que se celebró el debate. El primer tema, el de la financiación, fue el único que contó con un consenso mínimo, ya que todos, incluido el PP, defendieron la superación del actual modelo de financiación, así como la reforma de un «sistema fiscal cadavérico», en palabras de Coscubiela. A partir de aquí, las divergencias, como cabía esperar, se dieron en dos ejes: el nacional y el ideológico. Bel y Busqueta defendieron a capa y espada la necesidad de tener un Estado propio para, por ejemplo, garantizar las pensiones, pero discreparon en cuanto la amenaza de salida de la Unión Europea hizo acto de presencia.

La expulsión del club europeo es uno de los argumentos estrella del unionismo, pero topa con respuestas frontalmente opuestas por parte de los dos polos del independentismo: mientras Bel aseguraba que la UE no expulsará a 7,5 millones de ciudadanos europeos en caso de independencia, Busqueta defendía, precisamente, la salida: «No somos antieuropeos, somos los más europeístas de todos, pero en estos momentos (la UE) se ha convertido en Saturno devorando a sus hijos».

Iglesias, protagonista de nuevo

Aunque está por ver si asumir parte del discurso de Ciutadans le resulta electoralmente provechoso, con sus apelaciones al origen de los votantes del «extrarradio» el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha conseguido al menos convertirse en uno de los protagonistas de la campaña electoral. De hecho, ayer consiguió uno de los objetivos que toda fuerza emergente busca en una contienda: que el principal favorito te escoja como diana. «Podría ser el discurso de Aznar o de la ultraderecha», señaló el president, Artur Mas, sobre los argumentos identitarios de Iglesias. También el candidato de la CUP, Antonio Baños, consideró «muy tristes» las declaraciones del líder de Podemos, quien ayer entonó un monárquico «si he ofendido a alguien, lo siento mucho». Eso sí, no añadió el «no volverá a ocurrir». En enero, tras atacar al diputado de la CUP, David Fernández, a cuenta del abrazo con Mas, hizo exactamente lo mismo.

En cualquier caso, la CUP intenta que los puentes que Iglesias quema en cada visita a Catalunya no se derrumben. Ayer, Baños tendió la mano a Catalunya Sí que Es Pot, invitándole a participar en el proceso constituyente catalán después del 27 de setiembre. Algo en lo que también confía (o eso se supone) el sector independentista de ICV, que ayer publicó un manifiesto pidiendo el voto para Catalunya Sí que Es Pot. No habrá ruptura, al menos de momento, en el seno de Iniciativa.

En otro orden de cosas, ayer la Assemblea Nacional Catalana anunció que, tras el éxito de la Diada, redoblará sus esfuerzos para tratar de convencer a los indecisos con la independencia. Para ello repartirá durante la campaña electoral hasta cuatro millones de dípticos.

El Constitucional suspende dos nuevas normas catalanas

Como si no quisiesen más que dar la razón a los argumentos independentistas que dicen que en el Estado español es imposible aplicar el marco normativo desarrollado por el Parlament, los jueces del Tribunal Constitucional suspendieron ayer, por enésima vez, normas aprobadas por los diputados catalanes. Concretamente, el tribunal garante del cumplimiento de la Carta Magna suspendió, por un lado, un artículo de la Ley de la agencia tributaria catalana y, por otro, la ley que grava las operadoras de contenidos audiovisuales y de internet.

La primera norma fue impugnada por el Gobierno español al considerar que vulnera el derecho que los ciudadanos de todo el Estado tienen a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. Así lo consideró porque el citado artículo 4 de la ley contempla la «integración voluntaria» de funcionarios del Estado en el cuerpo de inspectores de hacienda de la nueva agencia tributaria catalana, todavía por desarrollar. Lo que el TC hizo ayer es admitir a trámite el recurso del Gobierno español, por lo que la norma catalana queda suspendida cautelarmente, a la espera de que el tribunal se pronuncie sobre el fondo de la cuestión.

Un procedimiento similar al seguido en la segunda suspensión conocida ayer, después de que Madrid considerase que la ley catalana que impone un impuesto a los operadores de comunicaciones electrónicas (con el objetivo de recaudar fondos para impulsar el sector audiovisual catalán) «incurre en extralimitación competencial». Es decir, que el Parlament no tiene derecho a gravar el sector audiovisual porque es competencia estatal.

La vicepresidenta y portavoz del Govern (además de candidata de Junts pel Sí), Neus Munté, criticó ayer mismo las nuevas suspensiones, que consideró que no son más que una nueva prueba de la «asfixia» y la «recentralización constante» aplicadas por el Gobierno español. B.Z.