Fue la alcaldesa de Barcelona quien planteó en el Estado español la posibilidad de establecer una red de ciudades que colaboraran en dar salida a una de las crisis humanitarias más alarmantes de las últimas décadas. La propia Ada Colau reconocía en Facebook que su iniciativa, más que una propuesta concreta y detallada, era la expresión de un deseo, un propósito y una idea, motivada por la urgencia de la crisis migratoria. «Improvisado» y «carente de efectividad», se resumió desde el Gobierno español, pero eso no evitó que la propuesta cundiera con celeridad y empuje inusitados.

Iruñea ha sido una de las primeras ciudades en unirse a la red. Su alcalde, Joseba Asiron, acudió al primer encuentro celebrado en Barcelona, y a los pocos días convocaba una reunión con más de cuarenta ONG de Nafarroa para estudiar sobre el terreno real las posibilidades prácticas de la iniciativa. Se examinaron opciones, entre otras, la creación de un protocolo para canalizar la solidaridad ciudadana, la dotación de viviendas del parque público o, incluso, la posibilidad de organizar un albergue donde en una primera etapa se concentraran los refugiados.

A Iruñea le siguieron Errenteria, Eibar, Atharratze, Azpeitia, Hendaia… La lista de ayuntamientos vascos que se han unido a la red es larga y se ha ido ampliando, además, en tiempo récord. Nadie ignora que el problema no se soluciona con medidas a corto plazo, aunque como alguien dijo tras participar en la reunión a la que asistieron más de cien vecinos en Errenteria, es necesario un primer paso para dar el siguiente.

Por ahora, se mantienen a la expectativa, ya que de poco sirve organizar una red sin saber a qué debe dar respuesta, aunque algunos municipios ya están preparando las bases para organizar censos de familias dispuestas a ofrecer su casa para la acogida y listados de profesionales de diferentes disciplinas que puedan dar apoyo psicosocial, legal, sanitario o lingüístico.

El principal problema para concretar detalles de la iniciativa radica ahora mismo en los ministros europeos, que todavía no han acordado el número de refugiados que se repartirán en cada Estado. De esa decisión y de su distribución posterior dependerán las medidas a adoptar, ya que ayuntamientos y gobiernos autonómicos carecen de competencias en este terreno.

Al margen del freno que supone la parálisis general europea, resulta también llamativa la sordina que desde un primer momento se quiso aplicar en el Estado español a las Ciudades Refugio desde estamentos supramunicipales, salvo algunas excepciones como la del Gobierno de Nafarroa o la Generalitat valenciana. Incluso desde ayuntamientos como el de Bilbo se ha puesto en cuestión su viabilidad. Su alcalde, Juan Mari Aburto, se mostró contrario a ingresar en la red de Ciudades Refugio, alegó que la cuestión va más allá de «planteamientos mediáticos» y consideró que la red de ciudades es «poco efectiva».

Hasta tal punto se ha querido minimizar la iniciativa que las alcaldesas de Barcelona y París y el alcalde de Lesbos (Grecia) se han visto en la necesidad de pedir públicamente a los Estados europeos que «no den la espalda a las Ciudades Refugio». En una carta abierta, los tres alcaldes rechazan «permanecer impasibles» mientras la muerte acecha diariamente las playas y cuando miles de familias huyen de la guerra y se agolpan en puertos, estaciones y carreteras. «No se trata de un gesto de caridad. Se trata de garantizar un derecho humano, el de asilo».

Desde organizaciones como Acnur ven con buenos ojos la iniciativa. Rosa Otero, portavoz de Acnur, calificó a GARA de «muy positiva» tanto la ola de solidaridad que está surgiendo entre la ciudadanía como las iniciativas de ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Considera prioritario reforzar las capacidades de acogida y de integración existentes, saturadas ya ante el aumento de solicitudes de asilo y especialmente teniendo en cuenta la futura llegada de refugiados en el programa de reubicación de la Unión Europea. Indica, no obstante, que la obligación legal de prestar protección y asistencia a los solicitantes de asilo y refugiados, en base a la legislación, recae sobre los Estados, aunque remarca que estas iniciativas de administraciones locales y autonómicas y de los propios ciudadanos «serán de gran utilidad» si la coordinación entre las diferentes instancias funciona.

A pesar de encontrarse en la misma situación que el resto de estados, el Ejecutivo galo sí ha dado pasos para coordinar esfuerzos de instituciones locales y ciudadanía ante la ola que se avecina. Y hay ya medidas concretas, entre otras, la ayuda gubernamental directa de mil euros a cada ayuntamiento por cada refugiado que acoja, o las ayudas suplementarias a propietarios públicos o privados que cedan locales para albergar a los refugiados. El ministro del Interior realizó este anuncio la pasada semana ante más de seiscientos alcaldes que respondieron a la convocatoria de reunión en París.

santuarios, refugios y bienvenidas

La iniciativa de Ciudades Refugio no surge de la nada. Hay antecedentes y, el precursor, en una forma más radical por lo que de enfrentamiento al poder establecido tiene, puede situarse en Estados Unidos. Un nacimiento atado a movimientos de la década de los 80, años en que llegaban a EE.UU. quienes huían de la persecución en países centroamericanos y que infructuosamente trataban de obtener protección a través de la figura del asilo político. En 1982, el reverendo John Fife, de la iglesia de Tucson, se enfrentó al gobierno y le advirtió que estaba dispuesto a desafiar las leyes migratorias. Su iglesia –recinto en el que no podían irrumpir las autoridades civiles– daría protección a quienes, ilegales sin documentos, buscaban una nueva vida. Fueron muchos los centros que siguieron al reverendo de Tucson y que funcionaron como santuario.

Bajo el mismo término se tejió una red de ciudades solidarias en Gran Bretaña, reunidas bajo el epígrafe de «Ciudades Santuario». Se creó en Sheffield en 2005 y respondió a la decisión del gobierno londinense de dispersar en diferentes localidades a los solicitantes de asilo. El grupo de Sheffield comenzó a recabar apoyos para acoger a estas personas y animó a empresarios, asociaciones vecinales y organismos sociales y culturales a dar la bienvenida a los refugiados. El Ayuntamiento de la ciudad les otorgó su reconocimiento dos años después y desde entonces el movimiento ha crecido hasta convertirse en una red de quince ciudades.

De sello alemán es la iniciativa «Refugees-welcome», que se dedica a facilitar que los alemanes hospeden a refugiados en sus propios pisos. En un principio no fue del agrado de la Administración alemana, pero ante las graves carencias logísticas que presenta la estructura de acogida gubernamental, la labor de la asociación está hoy más que aceptada. Su funcionamiento es sencillo. Basta con registrarse en la web y ofrecer el alojamiento disponible. Empezó a actuar en noviembre de 2014 y desde entonces ha acogido a 882 personas en toda Alemania. Sus promotores destacan que más que integración, es inmersión lo que se consigue con esta fórmula.

Se puede decir que Barcelona tiene experiencia en este terreno y, de alguna forma, al rescatar la idea de las Ciudades Refugio recoge el espíritu que alumbró la ciudad condal durante el conflicto de los Balcanes, en un ejemplo de solidaridad ciudadana con Sarajevo que se mantuvo hasta 2001. Maragall, entonces alcalde, lanzó la campaña «Sarajevo depende de ti», nombró a la capital bosnia como distrito número 11 de la ciudad condal y ONGs y ciudadanía hicieron el resto. El movimiento de solidaridad alcanzó a comarcas enteras y cientos de catalanes recogieron el guante respondiendo a los anuncios publicados en los diarios que pedían voluntarios para acoger familias de desplazados. La ayuda saltó los corsés burocráticos. Catalunya, lugar al que llegaron más de dos mil desplazados, fue símbolo de país refugio para Sarajevo.

Las experiencias no se limitan a las grandes urbes. Sóller, un pueblo de Mallorca de 13.000 habitantes, fue destino en esas fechas de 36 personas, niños y mujeres en su mayoría. Más tarde se les sumaron los hombres y de aquella experiencia solidaria queda hoy el sentimiento de haber hecho lo correcto. Un grupo de voluntarios reunió el apoyo de personas que cedieron sus casas durante un tiempo y consiguió la colaboración de una cadena de alimentación y hasta de Air Europa, que puso a disposición un vuelo para trasladar a los refugiados. Excepto dos familias que volvieron a Bosnia después de la guerra, el resto se quedó en Mallorca. Hoy se han diluido en la población.

Dada la magnitud del desafío, es obvio que iniciativas como la de Ciudades Refugio no están exentas de riesgos. Algunos ya apuntados, como crear falsas expectativas que lleven a la inevitable frustración, el no prever una solución a largo plazo o la confusión de objetivos tal y como como expuso gráficamente el portavoz de Oxfam que acudió al encuentro de Iruñea: «Que esto no se convierta en ponga un pobre en su mesa».

Lo que se juzga irresponsable es no aprovechar el empuje solidario que la iniciativa ha activado. Como ejemplo de ello, el email habilitado en Barcelona recibió más de 2.000 ofertas de colaboración al poco tiempo de ponerse en marcha y cerca de mil sanitarios de la ciudad han anunciado su predisposición a colaborar.

«Comportamiento vergonzoso»

Ada Colau defiende así el plan propuesto: «Entendemos que la recepción de refugiados será un proyecto de ciudad, no sólo para su acogida, sino a largo plazo, para su integración como ciudadanos de pleno derecho». Y se muestra clara en la denuncia: «Estamos asistiendo a un comportamiento vergonzoso de los estados, especialmente el de España, que no está a la altura de la situación dramática que están viviendo estas personas». «Si los estados no se ponen de acuerdo –advierte la primera edil–, las ciudades sí lo haremos, uniendo la fuerza municipalista para dar respuesta a los derechos humanos vulnerados».

Mientras en los despachos europeos siguen enredados en calcular cupos que más que a medidas políticas parecen obedecer a una brutal subasta de personas, y los Estados se muestran reacios a aceptar la fórmula de colaboración directa entre ayuntamientos y ciudadanía, una iniciativa de incalculable potencialidad se mantiene a la espera de recibir a unos refugiados que se abren paso a través de unas fronteras que se suponían abiertas en Europa.

Quizá, simplemente, la razón de ello estriba en que las altas esferas del poder temen la acción de la ciudadanía; y quizá, también, no descarten que esta vaya a ayudar en la solución de forma más eficaz que su entramado institucional.