La Policía española ha registrado viviendas y empresas de la familia Pujol Ferrusola. La investigación apunta a la existencia de «nuevas pruebas» que demostrarían que los siete hijos de Jordi Pujol, expresident de la Generalitat, «movieron fondos de procedencia ilícita».

Los registros se han producido en los hogares de los hijos Jordi y la expareja de este, Josep y Pere Pujol Ferrusola. Asimismo, se ha inspeccionado una oficina situada en el número 5 de la calle Ganduxer de Barcelona. En la misma línea, se han registrado en Madrid las oficinas de la empresa Isolux Corsán, vinculada a Jordi Pujol hijo y el domicilio del empresario y vicepresidente segundo del FC Barcelona Carles Vilarrubí.

La operación la ha ordenado el magistrado José de la Mata, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional española, y se enmarca en el procedimiento abierto desde 2012 en ese mismo tribunal contra Jordi Pujol Ferrusola y su expareja por los delitos de «blanqueo de capitales y fraude fiscal». Se les acusa de haber realizado, entre 2004 y 2012, movimientos por valor de 32,4 millones de euros y facturas falsas por un importe de 26 millones.

Jordi Pujol Ferrusola ha abandonado poco antes de las 12.00 horas el domicilio familiar, tras las tres horas de registro, y minutos después de que sus padres hiciesen lo propio. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía española se ha incautado de una caja con diversa documentación.

Igualmente, apuntado a fuentes de la investigación, dicha publicación señala que Pujol Ferrusola ha sacado más de 5 millones de Andorra desde que se inició la investigación.

Del mismo modo, fuentes policiales han informado a Europa Press que en esta ocasión no están previstas detenciones pero sí imputación de delitos de corrupción. En concreto blanqueo de capitales, delito fiscal, estafa y contra el patrimonio del Estado.

El magistrado indaga una serie de cobros millonarios de empresarios a Jordi Pujol Ferrusola a cambio de trabajos que no se han demostrado y que se sospecha que pudieron responder a comisiones a la familia Pujol por obras públicas adjudicadas.