La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha convocado para mañana la Junta de Portavoces, cuya bendición es imprescindible para seguir tramitando en la Cámara catalana la Declaración de inicio del proceso de creación de la República catalana, acordada por Junts pel Sí (JxSí) y la CUP. El objetivo de ambas plataformas independentistas es debatir y aprobar la Declaración antes del pleno de investidura, que se celebrará el 9 de noviembre.

Sin embargo, forzada por los partidos no independentistas, la Mesa del Parlament está obligada a preguntar a la Junta de Portavoces su opinión sobre la Declaración. Una Junta que, en principio, no se puede reunir porque el PP, sin motivo aparente alguno, todavía no se ha constituido como grupo parlamentario propio. Forcadell, sin embargo, ha decidido saltar por encima del acto de filibusterismo parlamentario y ha convocado la Junta de Portavoces, pidiendo al PP que nombre a un representante para la ocasión.

Tras la reunión de la Junta se abre un periodo de 48 horas para presentar enmiendas, tras lo cual el texto pasa al pleno. Es decir, si la Junta se reúne finalmente mañana, el pleno extraordinario podrá celebrarse este mismo viernes.

La decisión de Forcadell ha sido fuertemente criticada por los partidos unionistas, así como por Catalunya Sí que es Pot (CSQP), que han acusado a la presidenta del Parlament de forzar el reglamente de forma partidista.

PP, PSC y Ciutadans, además, han confirmado que presentarán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) para tratar de evitar que el pleno extraordinario se celebre. Aunque la mayoría de juristas coinciden en el poco recorrido que puede tener dicho recurso (se rechazaron iniciativas similares con el Estatut y con el Plan Ibarretxe), el Gobierno español tiene todo a punto para recurrir la Declaración ante el TC, una vez sea aprobada.