El Tribunal español de Cuentas celebrará el próximo 20 de enero una audiencia previa por el caso San Antonio, en el que se investiga al ministro de Sanidad y presidente del PP de la CAV, Alfonso Alonso, y al vicesecretario de Acción Sectorial del Partido Popular, Javier Maroto, por el «perjuicio» causado a las arcas públicas al firmar, en la etapa de ambos en el Gobierno municipal de Gasteiz, un alquiler a precio considerado muy superior al de mercado.

El Tribunal de Cuentas ya ha impuesto una fianza conjunta de medio millón de euros a Alonso, Maroto y al resto de concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Gasteiz que en 2007 firmaron un contrato municipal de alquiler con el empresario Gonzalo Antón.

La «responsabilidad contable» por la que se impuso esta fianza se derivaría del «perjuicio» causado a las arcas públicas por este contrato, suscrito cuando Alonso era alcalde y Maroto concejal de Hacienda. El acuerdo obligaba al Ayuntamiento de la capital alavesa a pagar 7,6 millones de euros al empresario Gonzalo Antón. A cambio de esta suma, el Consistorio alquilaba por un periodo de veinte años un local en la calle San Antonio que Antón había comprado un año antes por 2,7 millones de euros.

Tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento de Gasteiz, actualmente presidido por el PNV, se han personado en el caso abierto en el Tribunal de Cuentas.

El Ayuntamiento ya albergó en su día una comisión de investigación en torno a este asunto y aprobó el pasado mes de febrero una moción en la que se reprobaba la gestión de Alonso y Maroto.