«Unidad, legalidad y política». El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, hablaba por él mismo y por el presidente español, Mariano Rajoy, tras pactar su apoyo al recurso que Moncloa interpondrá hoy mismo contra la declaración soberanista aprobada el lunes en el Parlament. El establishment de Madrid no varía su guion. Como ya ocurrió hace un año con la consulta del 9N, el Ejecutivo presentará hoy el recurso ante el Tribunal Constitucional después de recibir el dictamen favorable del Consejo de Estado. Mañana, los jueces suspenderán el texto catalán. Qué haga el Estado a partir de ahí en el momento en el que la desobediencia sea efectiva es una incógnita.

«Entendemos que, ante el desafío secesionista al orden constitucional y la legalidad democrática, el Estado tiene no solo el derecho sino el deber de articular todas las medidas necesarias», afirmó Sánchez tras su segunda reunión con Rajoy en menos de tres semanas. El trámite que se desarrolla hasta mañana apenas tiene interés. Sin embargo, tanto PP como PSOE están recurriendo al «no me obligues» como estrategia comunicativa previa al conflicto.

Lo primero que se esgrime es el artículo 155 de la Constitución española, que según se ha publicado en los últimos días facultaría al Ejecutivo español, por ejemplo, a hacerse con el control de los Mossos D´Esquadra. Rajoy y Sánchez han coincidido en hablar de «proporcionalidad» y, por la mañana, Patxi López, secretario de Acción Política del PSOE, no veía con buenos ojos la medida por generar «victimismo». Por ahora, tanto PP como PSOE y Ciudadanos, que es el tercero en discordia, coinciden en el inmovilismo y amagar con futuras sanciones.

Iglesias, voz discordante

El único portavoz español que se salió de la unanimidad fue Pablo Iglesias, candidato de Podemos. Su formación en el Principat, Catalunya Sí Que Es Pot, se sumó al unionismo en el voto contrario a la declaración soberanista, pero ayer soltaba la mano de sus compañeros en el camino hacia el TC. «En democracia la ley se tiene que subordinar a la democracia. La ley no puede delimitar a la democracia», argumentó, reclamando un referéndum pactado.

En paralelo a la vía del Constitucional, otra institución que irrumpe para presionar a la mayoría catalana es la Audiencia Nacional. Su fiscal jefe, Javier Zaragoza, ordenó a Mossos d'Esquadra, a Policía española y a Guardia Civil que actúen si en el proceso independentista catalán se produjera un «delito de sedición». En principio, esta figura no sería aplicable a parlamentarios o miembros del Govern, ya que están aforados, pero sí podría utilizarse contra otras autoridades y funcionarios. Con su instrucción, el Ministerio Público pone en marcha a todos los cuerpos policiales, amenaza con procesos que podrían suponer entre 10 y 15 años de cárcel y se suma a la campaña del miedo desatada desde el Estado.